Los intereses injustos, la codicia por el dinero y la búsqueda del beneficio personal a toda costa extienden sus garras sin la menor consideración en la Comarca. El poder, en su silencio complaciente, contempla impávido el atropello, limitándose a decir, quedamente, que intentará resolver el asunto. El poder, ya lo sabemos, es electorero, da migajas a cambio de votos.
Hablo de «la Sareb», de su actuación en La Font d’en Carròs, Almoines, en la Safor, también en tantos otros municipios que se extienden a lo largo y ancho del territorio nacional. Hablo de la expulsión de sus casas a ciudadanos honrados, normales, como tantos, pese haber cumplido de manera sistemática con sus obligaciones con sus caseros. Hablo de que se ha cometido un injusticia más usando a la Justicia (¿con minúscula? ), que administra la ley promulgada desde el poder.
Y ahora los expulsados de su morada tendrán que andar buscándose la vida por donde buenamente puedan. Esa vida que tenían asentada mediante contratos legales sobre la que construyeron y organizaron su minúscula existencia. Y digo minúscula porque para quienes detentan el poder solo se escriben sus nombres con mayúsculas.
La Sareb, ya saben, es el denominado «banco malo». Que a alguien, persona o institución, se le conozca con el sobrenombre de «malo» no deja de ser algo vergonzoso. Vergüenza que hoy consuma la «estafa inmobiliaria» de 2012.
Un ministro de economía del Estado Español (De Guindos se llamaba) creó la Sareb para comprar, con dinero prestado por Europa y avalado por el Estado, los solares y viviendas de las cajas quebradas desde que en ellas mandaban los políticos y no las sesudas normas de prudencia financiera.
La Sareb tenía y sigue teniendo por misión vender los activos embargados a empresas que, en completo acuerdo con los tiempos que corrían y con las expectativas que les anunciaban los bancos y cajas de ahorro, pusieron a su disposición el dinero para extraer beneficios insospechados de la burbuja inmobiliaria.
Diez años después, tratando de ocultar su mala gestión, es la UE quien señala ahora que la deuda del banco malo es deuda del Estado, obligando al Gobierno a comprar las acciones que le faltaban para tener mayoría en la entidad. Pero nadie parece tener prisa, quizás porque está suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta nueva orden.
Poco importa que Plan Estatal de Vivienda y Suelo 2022-2025 proponga que se disponga de las viviendas de la sociedad para alquiler social o de alcanzar el 50% de las acciones de ella por parte del Estado porque antes de consumarse la propuesta, la sociedad se ha adelantado: y ante las pérdidas sobradamente conocidas, el 11 de abril, la Sareb ha entregado la gestión de sus pisos a Hipoges y a Blackstone, dos fondos de inversión estadounidenses conocidos por sus prácticas para gestionar y vender los 25.300 millones de euros que hoy están cedidos a la Sareb.
La entrega de esta megacartera a estos dos fondos de inversión «va a agudizar los problemas que ahora tienen las familias, en especial el acoso judicial al que son sometidos» (Lucía Casado). La maquinaria ya se ha puesto en marcha, primero judicializar el caso, ganarlo y ejecutar la sentencia, la moratoria que impide este tipo de desahucios cae en el olvido y hasta los informes de vulnerabilidad que afectan a algunos de los inquilinos no llegan a tiempo.
Así ha ocurrido con el inmueble de La Font y así ocurrirá en Almoines. Las personas que tenían alquiladas sus viviendas con contratos legales a siete años mediante la acción judicial tendrán que abandonar sus casas en septiembre. De este modo, los fondos quedan sin trabas para venderlos a otros fondos de inversión.
Mientras, el Estado contempla sin prisa la aplicación de las leyes que él mismo anuncia. Con la expulsión de sus súbditos tal vez pueda enjuagar la deuda de 35.000 millones de euros que se le viene encima por imperativo europeo.
En conclusión, me avergüenza pensar que siga amparándose la especulación de un bien de primera necesidad, recogido en nuestra Constitución, por parte de los poderes públicos que deberían cubrirse el rostro, esconderse ante los hechos aquellos que consienten o forman parte de una entidad, privada, participada por el Estado y avalada por él. Me avergüenzan igualmente aquellos que la dirigen y gestionan cuando al exponerles los problemas de la gente motivados por una injusticia responden a las personas: «no, mire, yo no lo puedo hacer... ¿estarían dispuestas a comprar todo el inmueble? Ya pondremos precio». Pero en septiembre, usted se va a la calle.
Señores del gobierno, una entidad pública debe realizar una gestión pública como única manera de proteger a los suyos que no son sus súbditos sino ciudadanos como usted, como yo, como la mayor parte de la gente de a pie.
