La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha puesto en marcha un procedimiento para evitar que la decena de familias amenazadas por un desahucio en un edifico de la Font d’en Carròs, el próximo 6 de septiembre, se queden en la calle. Como publicó Levante-EMV hace unas semanas, el caso es similar al ocurrido en otras ciudades valencianas: la Sareb adquiere un edificio con personas que están pagando sus alquileres a una empresa y no quiere que los propietarios sigan en el edificio. Para ello, pone en marcha un procedimiento judicial, que gana, para echarles.
El secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, mantuvo este viernes una reunión con representantes de la Sareb, la entidad que aglutina aquellos activos inmobiliarios cuyas hipotecas no han sido satisfechas. En el encuentro se trataron diferentes casos, entre los que se encontraba el de la Font.
El resultado más importante de ese encuentro es que Aguilar se ha comprometido a que, sea de la forma que sea, las familias afectadas por esta situación «se les buscará una alternativa habitacional», como señalaba a este periódico.
Esto pasa, por una parte, por que sea la propia Sareb la que deje a los actuales inquilinos quedarse en el edificio mediante dos vías: el pago de un alquiler, algo que las propias familias afectadas reclaman pero que no están cumpliendo precisamente porque la entidad no ha respondido a sus constantes ofrecimientos para ingresar el dinero en alguna cuenta. La otra alternativa sería la adquisición de las viviendas en el caso de que alguna de las personas esté interesada en ello, algo que incluso algunos de los afectados llegaron a plantear en el encuentro con Levante-EMV.
«Estas son las opciones que se están ofreciendo en otros casos, como el de Sagunt o Cabanes», señalaba Aguilar. En todo caso, a lo que se ha comprometido la Sareb en primer término es a nombrar una persona mediadora que se encargue de hablar con las familias y poner en marcha todo el proceso, si es que así se considera llegado el momento.
Además, existe esa segunda opción, y es que la propia Conselleria de Vivienda se haga cargo de ofrecer esa alternativa habitacional en caso de que finalmente no se formalice ese paso por la vía de la Sareb por la falta de interés de alguna de las dos partes.
Para las familias afectadas la prioridad ahora mismo es seguir en el edificio, en tanto que han establecido allí una vida, con menores escolarizados en el colegio de este municipio y otras casuísticas como la dificultad de encontrar una vivienda en la propia localidad al mismo precio que hace que su deseo sea el de, al menos, cumplir el contrato que suscribieron en su día con la constructora.
También está al tanto de la gestiones que se están llevando a cabo el alcalde, Pablo Puig, que fue quien trasladó la cuestión a la Generalitat para que intentara gestionar una solución. Desde el ayuntamiento ya se dijo en su momento que intentarán ayudar a las familias afectadas en lo que sea posible, aunque ciertamente la administración local dispone de escasas competencias en la materia, más allá de la atención social que pueda prestar a las familias.
El edificio está formado por unas 40 viviendas. Los pisos de las familias afectadas tienen entre 60 y 90 metros cuadrados, por los que pagan entre 300 y 350 euros al mes de alquiler. La mayoría firmó un contrato por 7 años.
