Los ayuntamientos de la comarca de la Safor tendrán que devolver al Gobierno algo más de seis millones de euros a Hacienda. Esa cantidad es el resultado de la liquidación e la participación en los tributos del Estado, es decir, la cantidad que les corresponde a los municipios, según el régimen al que estén acogidos, de los impuestos nacionales.
Este supone el segundo ingreso más importante para las arcas municipales, solo por detrás del IBI. De media, supone un 21% del total de los ingresos anuales y clave para el funcionamiento de los consistorios.
El Estado transfiere ese dinero mensualmente en lo que se conoce como las «entregas a cuenta» de la participación de tributos. Lo hace en base a una previsión para lo cual se fija en lo recaudado durante los dos ejercicios anteriores. Normalmente, cuando se liquida este pago el resultado es que el Estado aún tiene que transferir más dinero a los ayuntamientos, es decir, que realizó una previsión conservadora.
Sin embargo, lo que ocurrió en 2020 fue que nadie podía predecir una pandemia que frenaría de la forma en que lo hizo los ingresos.
Por ese motivo, la liquidación del primer ejercicio de la pandemia (suelen conocerse dos años después) ha supuesto una sorpresa no muy agradable para los ayuntamientos de la comarca de la Safor.
En concreto, los municipios tienen que pagar, en global, 6,4 millones de euros, de los que 3 pertenecen solo a la ciudad de Gandia.
La capital comarcal, al ser gran ciudad, opera bajo un régimen distinto al resto de municipios, llamada de cesión. En su caso, recibe una parte de los ingresos por impuestos como el IRPF, el IVA, Actividades Económicas (IAE), alcohol, cerveza o tabaco, entre otros, además de un Fondo Complementario de Financiación. Así, recibió ese año 2020, en concreto, 15,9 millones de euros a través de las entregas mensuales a cuenta. Sin embargo, la participación total fue de 13,2, lo que supone esa diferencia de 2,7 millones de euros.
Lo que ha ocurrido en el resto de ayuntamientos es distintos. Estos operan en régimen de variables, en las que influye la población y otras magnitudes. Lo que hizo que se descompensara la previsión respecto al ingreso real fue el IAE debido al parón que sufrió la creación de nuevas empresas durante la pandemia.
En el caso de Oliva tendrá que devolver algo más de un millón e euros, mientras que a Tavernes le corresponden 577.000 euros.
Otros municipios con importantes cantidades a devolver son Xeraco, con 300.000 euros, Bellreguard, con casi 160.000, la Font d’en Carròs, con 127.200, Villalonga con algo más de 111.000 y Simat de la Valldigna con 110.000.
En este caso, sale a devolver a la totalidad de los 31 municipios de la comarca de la Safor.
Pese a ello, los alcaldes y concejales de Hacienda están tranquilos, ya que lo lógico es que no tengan que abonar esa cantidad. Cuando esto ocurre, el Estado crea un método para compensar unas cantidades que ya están más que invertidas por parte de los ayuntamientos. Lo que hace es dejar el dinero a los consistorios para que paguen la deuda, es decir, un movimiento fiscal para que los ayuntamientos no tengan que comprometer sus presupuestos municipales.
