El alcalde de Villalonga, Román Garrigós, junto con otros concejales de la localidad, mantuvieron hace unos días una reunión con técnicos de la Diputación de València para valorar distintos proyectos del Pla d’Inversions que esta institución otorga a los ayuntamientos. Tras el encuentro, la máxima autoridad municipal tuvo a bien acompañar a los representantes de la entidad provincial a diferentes puntos del casco urbano donde está previsto que se desarrollen estas obras. Todo correcto hasta que, en algunos de los espacios, el propio Garrigós se dio cuenta de una imagen que no le hubiera gustado mostrar a sus visitantes: un importante reguero de heces de perro se acumulaban por todas partes. "Yo no sabía dónde esconderme", señalaba ayer a este periódico, entre indignado y avergonzado de la imagen que estaba ofreciendo de la localidad.
Y es que, como reconoce, la importante presencia de excrementos de perros por toda la localidad supone un auténtico problema de salubridad, además de un quebradero de cabeza para los servicios municipales de limpieza.
Así, después de aprobarla hace unos meses, a partir del próximo mes de septiembre, entrará en vigor una ordenanza que incluye el registro del ADN de los animales.
Como ya han hecho otras localidades de la comarca como Almoines o Palmera, en Villalonga, desde el pasado mes de junio está en marcha el periodo de registro de los canes. Este trámite, financiado por el propio ayuntamiento, es obligatorio para todos aquellos vecinos y aquellas vecinas que dispongan de un animal doméstico.
Porque, una vez se inicien los controles pertinentes, el ayuntamiento sancionará a aquellos vecinos y aquellas vecinas que no hayan inscrito a sus animales en el registro de perros que manejará una clínica veterinaria de la localidad, con la que el ayuntamiento ha firmado un convenio.
En ese sentido, el alcalde explicaba que durante los próximos meses "lo que queremos es llevar a cabo un trabajo de concienciación a todas aquellas personas que sean propietarias de animales". El primer edil considera que la actual situación es insostenible y avisa que, a partir del próximo año, ya habrá sanciones. "No empezaremos a multar enseguida, daremos un plazo de unos meses para que la gente sepa que debe recoger los excrementos de sus perros".
Desde el consistorio, de hecho, ya han avisado de esta cuestión a través de sus redes sociales, recordando que, además de una cuestión de limpieza y de salubridad en las calles de la localidad, se trata también de un tema de civismo y de buen comportamiento por parte de los habitantes de la localidad.
A partir del momento en que todos los animales estén registrados, el ayuntamiento procederá a realizar batidas periódicas, una o dos veces al mes, para comprobar si los canes están o no registrados y, por tanto, se puede analizar su ADN en el caso de que depositen heces sobre las aceras y no las recojan sus propietarios.
El Gobierno local espera, con esta medida, reducir la presencia de excrementos en la vía pública, algo que, además de una cuestión higiénica, ofrece una mala imagen de la localidad tanto de cara a los vecinos como de los visitantes, como pudo comprobar el propio alcalde durante la visita de los técnicos de la diputación.
