En mayo de 2011 Arturo Torró hizo historia cuando logró para el Partido Popular la primera mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Gandia, lo que le convirtió en un alcalde con plenos poderes. Once años después, y tras una larga instrucción judicial, el mismo personaje vuelve a escribir una página inédita de esta ciudad al convertirse en la primera autoridad local que se sentará en el banquillo de los acusados en un juicio penal, por su gestión pública, en el que la Fiscalía reclama que se le imponga una pena de 8 años de prisión y 20 de inhabilitación.
El llamado «Caso Tele7» ha agotado el papeleo y los magistrados de la sección quinta de la Audiencia Provincial de València han fijado las fechas. El lunes 12 de diciembre se abre el juicio, que se prolongará, previsiblemente, hasta el 21 de ese mismo mes.
Los hechos que se van a juzgar se cometieron entre los años 2011 y 2015, pero la causa se abrió en 2014 a raíz de una demanda ejercida por los entonces concejales socialistas José Manuel Orengo y Vicent Mascarell. Inicialmente ambos trataban de demostrar que Torró firmó, a través de la empresa municipal IPG, contratos con dos televisiones privadas, una de las cuales presumiblemente pertenecía al alcalde del PP o a sus testaferros.
Esa sospecha, sin embargo, primero quedó en un segundo plano y después desapareció de la instrucción, pero la investigación y las declaraciones tomadas a varias personas permitieron abrir dos vías para imputar al exalcalde del PP y a otras cinco personas por tres delitos: prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
Los dos hechos relevantes que se verán en el juicio en la Audiencia de València se sustentan en que Arturo Torró firmó dos contratos con otras tantas televisiones locales por valor de 1,5 millones de euros para que emitieran programación local. La Generalitat, que es la que concede las licencias de radiodifusión a las televisiones en el ámbito de la Comunitat Valenciana, detectó entonces que aquellos contratos «carecían de concreción y eran ambiguos». Pero es que, además, las dos mercantiles beneficiarias ya tenían la obligación de emitir programas de contenido local porque esa es una condición incluida en la concesión de las licencias admistrativas. En un informe técnico incorporado a la instrucción judicial la Secretaría Autonómica de Comunicación indicó que el Ayuntamiento de Gandia «no recibía nada a cambio» con esos contratos y, por lo tanto, no tenía sentido destinar 3 millones de euros a ambas mercantiles. Ahí se podría dar el delito de malversación de fondos públicos.
En segundo lugar, llama la atención que, en 2013, Torró firmase con Comarques Centrals Televisió, una de las empresas beneficiarias, la resolución del contrato firmado en 2012. Sorprende que eso tuviera lugar a petición de la mercantil, y no del ayuntamiento, pese a lo cual IPG, de la que era presidente el propio alcalde, acordó abonarle con cargo a las arcas municipales medio millón de euros, de los cuales se transfirieron 480.000. El fiscal estima que el ayuntamiento asumió «de forma improcedente» las consecuencias de una empresa que no podía emitir los programas de televisión.
Operaciones de lo más opacas
Todos estos trámites, además, se realizaron de forma opaca, como casi todo lo que ocurría en IPG, y solo se supo cuando el PP no logró revalidar la alcaldía en 2015 y la nueva alcaldesa, Diana Morant, ordenó clausurar las dependencias de la empresa municipal para proteger la documentación que después sería analizada e incorporada a esa causa.
El fiscal considera que de todo ello son penalmente responsables Arturo Torró y el administrador de Comarques Centrals Televisió, Ricardo Manuel Faura, para quien también pide 8 años de prisión por fraude y malversación.
La acusación, ejercida por el Ayuntamiento de Gandia, extiende la imputación a otras cuatro personas que fueron colaboradores de aquellos supuestos delitos. Se trata de Javier Reig, que fue jefe de Gabinete de Torró, el concejal Toni Abad, José Vicente Codina y Josep Lluís Giménez, todos ellos con petición de penas de prisión por fraude y malversación.
Por esta misma causa, abierta de oficio en el Tribunal de Cuentas, Torró ya ha sido condenado a pagar 350.000 euros que se ingresarán en la cuenta del Ayuntamiento de Gandia.
El favor que Esquerra Republicana le haría a Torró
El nombre de Arturo Torró se va a mezclar con ese debate, sin duda polémico, que se ha generado en la política española a cuenta de la posibilidad de rebajar las penas de prisión para quienes cometen el delito de malversación de fondos públicos cuando se trata de casos en que no haya habido un enriquecimiento personal.
Y, en eso, paradojas tiene la vida y la política, porque Esquerra Republicana de Catalunya, una formación a la que Arturo Torró le ha dedicado sus peores dardos, se encargaría de haberle hecho el favor de su vida, siempre que acabe condenado por ese delito.
Porque es la formación independentista, pensando en los políticos catalanes del «procés» condenados por malversación, la que inicialmente situó ese debate encima de la mesa, que inmediatamente fue acogido positivamente por parlamentarios del grupo Unidas Podemos, integrado en el Gobierno. En algunos ministros del PSOE, como la de Defensa, Margarita Robles, la iniciativa también fue recibida en el sentido de sentarse a estudiarla.
Porque, al fin y al cabo, por malversación están condenados políticos de todos los partidos, desde el expresidente de Baleares, Jaume Matas, del PP, hasta el de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán.
Si los jueces apreciasen malversación en Torró se le tendría que aplicar ese beneficio de rebaja de años de prisión en el momento en que se modifique el código penal.
