Susana Pradera: "Todos tenemos mucho que mejorar para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia"

Susana Pradera es una licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid que durante años ejerció como experta en temas de violencia de genero. Lleva trabajando con la Compañía de Jesús desde 2019, donde es responsable de "Entorno Seguro", un sistema creado por dicha orden religiosa para prevenir e intervenir en casos de abusos. Su papel es crucial a la hora de intervenir en los referidos casos, como el protagonizado por un jesuita destinado en el colegio San Ignacio de Oviedo hasta que fue apartado en 2021 tras ser acusado, al igual que otro religioso de la misma orden y un cura diocesano, de abusar sexualmente de una menor desde 1985, cuando estuvo destinado en Mallorca.

–¿Cuáles son sus funciones en la Compañía de Jesús?

–Soy la responsable de "Entorno Seguro", un sistema que hemos creado para poder prevenir e intervenir en casos de abusos. Esto lleva todo mi tiempo en la actualidad. Mi trabajo no es propiamente de psicóloga clínica, sino como experta en atención a víctimas y personas que sufren.

–¿Por qué cree que le eligieron para este puesto?

–Desde 1994 he estado ejerciendo de psicóloga clínica, pues mi vocación es aliviar el sufrimiento y abrir posibilidades para que cada persona encuentre la manera de dar sentido a su vida, sea cual sea su situación vital. También me ha gustado mucho la prevención, pues creo que, en realidad, esa sería la mejor inversión que podemos hacer como sociedad: llegar antes, estar mejor preparados para reducir la incidencia de los casos.

–¿En qué consiste su apoyo a las víctimas?

–Mi tarea en la intervención es acoger las denuncias o consultas, contactar con las víctimas y ofrecerles todos los recursos que estamos poniendo a su disposición. Participo en la puesta en marcha de los procesos pertinentes en cada caso y hago el seguimiento del mismo. Todo esto desde la empatía con las víctimas, desde la escucha y acogida profunda, sabiendo el dolor que han pasado y pasan, y agradeciéndoles el paso valiente y difícil que están dando. Para estas personas es esencial saber que se les cree y que son importantes. Intento estar cercana y disponible, aunque no siempre pueda satisfacer todas sus necesidades.

–Explique cómo funcionan sus terapias.

–Mi labor no es propiamente terapéutica, sino de primera acogida y de apoyo y ayuda para gestionar sus situaciones. No hay realmente un perfil. Algunas personas pueden tener dificultades personales y de salud, incluso puntuales, que las ha hecho especialmente vulnerables, vengan de la realidad socioeconómica que vengan, pero cualquiera podemos sufrir algún tipo de abuso en nuestra vida y ser víctima de algo, no necesariamente sexual. Por eso, yo siempre hablo de personas en situación de vulnerabilidad, más que de personas vulnerables, que también las hay.

–¿Por qué las víctimas suelen denunciar ante el tribunal eclesiástico antes que por la justicia ordinaria?

–Una cosa es la denuncia y otra acudir a relatar unos hechos. Son cosas distintas. La víctima, a la que le cuesta mucho dar el paso de acercarse, porque esto no es como decir que me han robado un coche, denuncia o nos ofrece su testimonio cuando, en realidad, no siempre sabe lo que quiere. Hay personas que sólo quieren que se sepa y que esos hechos no se vuelvan a repetir. Otras quieren que se les pida perdón, otras no quieren remover su vida y solo que conste lo suyo. También hay quien solicita apoyo psicológico o acompañamiento espiritual, otras reparación económica, otras que se haga justicia… pero pocas entienden lo que supone un proceso canónico e incluso lo que implica un proceso civil.

–¿No deberían seguir un protocolo ordinario ante estas denuncias?

–Cuando los abusos suceden en el presente, las víctimas deben acudir primero al tribunal civil y nosotros les animamos a ello. Solo una vez acabado ese proceso, la Compañía puede abrir un proceso canónico. Pero cuando los abusos fueron en el pasado nos encontramos que, en la mayoría de los casos, cuando una víctima es capaz de reconocer lo que le pasó, los hechos ya están prescritos en el ámbito ordinario y muchas veces el acusado está fallecido. Por eso, su única vía posible es a través del proceso canónico, aunque suele ser más bien la institución quien lo abre y explica a la víctima lo que supone. Tanto los procesos civiles o penales, como los eclesiales, están sufriendo cambios y haciendo mejoras, teniendo más presente a la víctima y no sólo la pena hacia el acusado. Pero aún nos queda a todos, la sociedad y la Iglesia, aprender mucho y mejorar haciendo confluir la justicia con lo que repara realmente a la víctima.

–¿Está su cargo sujeto a una colaboración constante con estos tribunales?

–Un número alto de las víctimas que atiendo se refieren a casos del pasado prescrito, por lo que no existe esa colaboración constante. No obstante, cuando sí hay abierta una vía ordinaria, no solo yo, sino la Compañía, se pone a disposición de la investigación y lo que requieran las autoridades civiles.

–¿Cómo calificaría el trabajo de los tribunales encargados de atender estos procedimientos?

–El llamado Dicasterio para la Doctrina de la Fe en realidad lo que hace es valorar si hay delito canónico o no en los hechos que se le presentan. Según su dictamen, el correspondiente superior es quien impone las penas en relación con los abusos cometidos y las consecuencias para la víctima. Por eso, estos procesos van y vuelven a diferentes departamentos y eso alarga y complica los procesos. Toda esta labor está en manos de expertos en derecho canónico y yo no puedo valorar sus actuaciones.

–¿Son suficientemente rápidas estas medidas contra los sacerdotes acusados de estos hechos?

–La fase de la intervención incluye todo el proceso de investigación y seguimiento, la atención y respuesta a las víctimas y también el seguimiento y medidas con las personas que cometen los abusos. Cuando recibimos una denuncia que acusa, ya sea a un jesuita o a un laico, y que puede llegar por diversos canales, se pone en marcha un proceso. Siempre que haya un menor implicado, activamos los protocolos de cada comunidad autónoma. Asimismo, desde el centro o institución implicados, se toman medidas de alejamiento entre las partes, se informa y se da apoyo al menor en cuestión y su familia, y se colabora en todo momento con la administración que investiga el caso. Si el acusado es un jesuita vivo, además de todo lo anterior, se hace una investigación previa y una vez que finalice el proceso judicial en cuestión, se avanzaría en un posible proceso canónico.

–¿De qué forma se trata a los sacerdotes apartados en destinos como Villagarcía de Campos (Valladolid)?

–Se realiza un seguimiento de las medidas impuestas. Pueden ser por la ley cuando ha habido un proceso judicial. En ese caso, ya la sentencia determina los pasos a dar. Junto a eso, se abre un proceso canónico, si procede, haya o no haya caso judicial. Este proceso puede acabar con medidas restrictivas que van desde la limitación de actividades pastorales a la suspensión del ejercicio sacerdotal y en algunos casos la expulsión. Y hay un seguimiento por parte del superior jesuita, que reporta al provincial y este, si es necesario al haber un proceso canónico, al padre general de Roma. Existe un margen de entre 3 a 5 años para renovar o revocar estas medidas. Además, si es conveniente, reciben tratamiento psicológico. También se mantiene con ellos un acompañamiento espiritual.

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