El Defensor del Pueblo cifra en más de 400.000 personas las víctimas de la pederastia en la Iglesia

Después de años de opacidad y encubrimiento, España cuenta con el primer informe que arroja luz sobre la pederastia en la Iglesia. El Defensor del Pueblo ha hecho público el informe en el que una comisión independiente ha trabajado durante 15 meses. La investigación no ofrece cifras concretas de víctimas o de acusados, como sí han dado otros países, pero contiene una encuesta destinada a desvelar la dimensión de los abusos sexuales en España, que muestra que, solo en el ámbito religioso, podría haber más de 400.000 víctimas.

El estudio demoscópico, el primero desde 1994 y realizado con 8.013 entrevistas, indica que el 11,7% de los españoles han sufrido agresiones sexuales en su infancia, el 1,13% en el ámbito religioso (en cualquier institución relacionada con la iglesia, aunque el agresor fuera seglar) y un 0,6% por parte directamente de un sacerdote o religioso. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha negado a "extrapolar" los datos e incluso ha animado a la prensa a que no lo hiciera pero para comparar la dimensión con la de otros países no queda otro remedio.

Y el resultado es que en torno a 440.000 personas han sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso y unas 240.000 personas han sido agredidas directamente por un sacerdote o religioso, lo que convierte a España en el país con una proyección oficial más alta. En Francia, donde se utilizó una metodología similar, los cálculos fueron de 216.000 menores agredidos por religiosos y 330.000 teniendo en cuenta a los laicos que trabajaron en instituciones religiosas.

Los testimonios

El Defensor del Pueblo, que creó una comisión asesora, compuesta por 17 expertos externos, una unidad de atención a las víctimas y abrió un buzón para la recepción de testimonios, ha recabado el testimonio de 487 víctimas, el 84% de ellos hombres.

Sus testimonios ocupan 100 páginas de las más de 700 que contiene el informe y en ellas se da cuenta de que un tercio de las víctimas han sufrido, debido a las violaciones en la más tierna infancia, estrés postraumático. Asimismo, muchos han experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y han intentado suicidarse. "Los testimonios revelan un impacto devastador en sus vidas", ha destacado Gabilondo.

El Defensor del Pueblo ha defendido que no haya una "estimación de las víctimas" a partir de los testimonios recogidos porque "supondría pasar por alto el silencio de muchas de ellas e ignorar que otras han desaparecido". De ahí que se haya optado por la encuesta.

El papel de la Iglesia

No obstante, a partir de los testimonios y de las reuniones con las asociaciones de víctimas y con la jerarquía eclesiástica, el informe denuncia que la respuesta de la Iglesia católica se ha caracterizado, durante mucho tiempo, por la negación o la minimización del problema. "La respuesta ha sido insuficiente, incluso dilatoria", ha resaltado el Defensor.

El documento revela que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación por parte de la Iglesia, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos.

La Iglesia no ha querido participar en la elaboración de este informe nombrando a un portavoz en la comisión y su colaboración ha sido "dispar", según Gabilondo. "Mentiría si dijera que nadie ha ayudado y mentiría si dijera que la colaboración ha sido extraordinaria". La Conferencia Episcopal, después de años de minimizar el problema y de presiones por parte de las víctimas, el Vaticano y loa medios de comunicación, ha encargado a un bufete de abogados que haga su propio informe, que se dará a conocer, previsiblemente, a finales de año. Además, lo obispos se reunirán el lunes para analizar las conclusiones y recomendaciones del Defensor.

Por otra parte, el informe señala a los poderes públicos, por carecer de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de delitos muy graves. Y critica que solo una pequeña parte de los agresores, la mayoría hombres, hayan sido juzgados.

Las recomendaciones

A su vez, propone una veintena de recomendaciones, como celebrar un acto de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas. Reclama también la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación, dado que muchas víctimas no se han atrevido a denunciar en los tribunales y, de las que lo han hecho, muchos casos han prescrito. "Una autoridad independiente e imparcial puede declarar que el hecho ha tenido lugar, que ha sido injusto y que ha causado daño a la víctima", ha explicado Gabilondo.

El defensor propone además reformas normativas para la aclaración, reparación de lo sucedido y para prevenir hechos similares. Pide a la Iglesia que ponga los medios necesarios para ayudar, ofreciendo tratamiento a las víctimas o a sus familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

La opinión de las víctimas

La investigación del Defensor deja mal sabor de boca a buena parte de las asociaciones de víctimas. Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat y miembro de la Plataforma Tolerancia 0 asegura que su calidad es "pésima" en comparación con el trabajo realizado por otros países porque como ya advirtieron las entidades, el "único modelo eficaz es una comisión de la verdad, con poder coercitivo".

Hurtado critica que no se haya investigado "el encubrimiento" por parte de la jerarquía y que el informe no solicite la imprescriptibilidad de estos delitos. "No garantiza los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Es una oportunidad de oro perdida", señala.

Por el contrario, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha calificado de "hito en la democracia" el informe. "Durante años, mucha gente ha sufrido por no poder denunciar. Hoy somos un país mejor", ha subrayado, además de asegurar que el Ejecutivo estudiará el informe para "actuar en consecuencia", informa Juan Ruiz.