Informe Cáritas

Ni aceite, ni calefacción: 2,5 millones de personas con empleo remunerado en España son pobres

El 16,8% de las familias quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagada la vivienda y los suministros básicos

Los hogares con menos ingresos invierten más de 6 de cada 10 euros en vivienda y alimentación.

Los hogares con menos ingresos invierten más de 6 de cada 10 euros en vivienda y alimentación. / Europa Press

María G. San Narciso

Dos millones y medio de las personas que trabajan en España a cambio de un salario son pobres. Puede ser que su sueldo no llegue para atender bien a los menores que tienen a su cargo, que la vivienda engulla una buena parte de su nómina o que su jornada sea parcial. Hay varios motivos que influyen de manera individual, pero que hacen que el país sea uno de los que más trabajadores en situación de pobreza tenga.

El resultado de una fórmula, que aparentemente es sencilla, pero influyente, define las condiciones de vida de las familias: los ingresos menos los gastos. Es lo que "determina la capacidad de muchas personas para satisfacer las necesidades básicas", como ha asegurado Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, que junto a Daniel Rodríguez, miembro del equipo de estudios de la Fundación Foessa, han presentado este martes el informe Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida.

Este muestra que hasta tres millones de hogares (16,8%) quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagado los gastos básicos, como la comida y la vivienda. Eso hace que, en España, ya haya cerca de seis millones de personas que están experimentando privaciones alimenticias, hasta el punto de impedirles llevar una dieta adecuada, lo que pone en jaque tanto su salud física como emocional. Es, según Rodríguez, la diferencia entre quejarse por el precio de la botella del aceite mientras la metes en el carro, o quejarse mientras vuelves a dejarla en el estante.

Gasto en vivienda

También implica que los hogares no puedan poner la calefacción cuando hace frío, ni el aire acondicionado cuando llega el calor. Según el último dato de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2022), el número de familias que no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada aumentó un 189% con respecto a 2008. En concreto, el gasto en electricidad se incrementó en un 82%, mientras que en el caso de los combustibles líquidos para el suministro de calefacciones fue del 180%.

Pero mientras que el carro de la compra se puede ajustar según el presupuesto, lo mismo que el termostato, hay un gasto con el que es imposible hacer eso: el de la vivienda. Aquí, el precio lo suelen poner los propietarios. Y cada vez es más alto, lo que hace que, según datos de EINSFOESSA 2021, un tercio de la población en alquiler esté en situación de estrés moderado y hasta el 16% experimente un nivel extremo de estrés financiero, lo que significa que el pago del alquiler supone más del 60% de sus ingresos.

Además, el esfuerzo que debe hacer una familia para adquirir un techo donde vivir también está al alza. A día de hoy, se necesitan 7,7 años de renta bruta anual para comprar una vivienda, frente a los 2,9 años que eran necesarios en 1987. Y eso que, en aquel momento, había muchas más familias que vivían con un solo sueldo. "Ahora, no solo se necesitan más años, sino que, en la mayoría de los casos, los ingresos se conforman desde diversas fuentes, ya que hay muchos más hogares que cuentan con más de dos aportes gracias a la incorporación de la mujer al mercado laboral", ha subrayado el sociólogo de la Fundación Foessa.

Soluciones para la economía

Para subsistir ante esta situación, cada vez más familias se ven obligadas a recurrir a fórmulas como el subarriendo de habitaciones. En apenas cinco años, el porcentaje de familias que han optado por esto ha experimentado un notorio aumento, llegando al 6,6% en 2022 (más de 1,2 millones de hogares).

También se está registrando un incremento notorio en el número de familias que residen en viviendas inseguras, llegando al 23,2% en 2021, lo que implica, según el informe, que hay más de 4,2 millones de hogares viviendo en España en pisos compartidos o cedidos sin contrato en vigor o en situación de desahucio.

De forma paralela, la cifra de familias que habitan viviendas inadecuadas, es decir, que no cumplen con las condiciones mínimas dignas para la vida cotidiana, también ha experimentado un "preocupante aumento", pasando del 25% en 2018 al 30% en 2021 (5,6 millones de familias).

Precariedad laboral

Entre los motivos que están detrás de estas situaciones de pobreza, que implica no poder hacer frente a las facturas más básicas, a los gastos imprevistos o la compra de carne en el supermercado, está la precariedad laboral. "España ha enfrentado altas tasas estructurales de desempleo, que incluso con estabilidad económica se ha situado por encima del 10%, llegando a picos del 26% durante la gran recesión, que dejó cicatrices profundas en la vida de las personas", ha asegurado el sociólogo.

Además, las cifras de temporalidad han fluctuado entre el 20 y 30%, y aún es temprano -como ha indicado Rodríguez- para saber si la última reforma laboral ha resuelto todos estos problemas. A esto se añade la parcialidad no deseada, ya que aseguran que más de un millón de personas quieren trabajar más horas, pero les faltan oportunidades, lo que genera frustración y desafíos en su calidad de vida.

Y aunque los ingresos hayan aumentado en el último año, quienes más se han beneficiado "son los que más tienen", lo que "habla mal de nuestro sistema distributivo", según el representante de la Fundación Foessa.

Propuestas de mejora

Por todos estos motivos, tanto Cáritas como la Fundación Foessa, piden al gobierno acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Proponen más viviendas sociales en alquiler, lo que brindaría a las familias una opción accesible y segura para obtener viviendas de calidad, e incrementar el número de viviendas de emergencia, lo que garantizaría un refugio a familias en situaciones de extrema necesidad que pueden llegar a quedase sin techo por adversidades económicas.

También demandan planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral, así como abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral.