FALTA DE FINANCIACIÓN

El aviso de las aseguradoras sobre Muface: "Hay muchas empresas que han abandonado"

"Hay que subir dos dígitos anuales para cerrar la brecha" advierte Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, que tiene un 50% de SegurCaixa Adeslas, una de las tres aseguradoras del actual concierto

El último Consejo General de 2023 de MUFACE.

El último Consejo General de 2023 de MUFACE. / MUFACE

Nieves Salinas, Gabriel Santamarina

"El déficit de Mutua con Muface es ruinoso. Hay que subir dos dígitos anuales para cerrar la brecha. Hay muchas empresas que han abandonado". El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, se ha referido esta mañana a la falta de financiación del modelo que presta atención sanitaria a los funcionarios. Lo ha hecho en su calidad de presidente de una compañía que tiene un 50.01% de SegurCaixa Adeslas, una de las tres aseguradoras que forman parte del actual concierto de Muface, junto a DKV y Asisa.

De hecho, el incierto futuro de Muface es uno de los temas que ha abordado esta mañana Ignacio Garralda en la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2023 de la compañía que dirige. Según explican fuentes del Grupo Mutua Madrileña a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, desde 2011, la aseguradora SegurCaixa Adeslas está participada al 50% por Mutua. De ahí su implicación con la crisis financiera que vive el modelo del mutualismo. Les afecta directamente.

Muface es el organismo público encargado de cubrir la asistencia sanitaria y farmacéutica, así como otras contingencias sociales (incapacidad temporal, situaciones de riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente parcial y gran invalidez, descendiente a cargo discapacitado, …) a los funcionarios adscritos. En total, si se tiene en cuenta al resto de mutualistas, ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y MUGEJU (Mutualidad General Judicial), el colectivo alcanza los dos millones de personas.

Revisar las tarifas

"Están en negociaciones con la administración para reequilibrar el concierto. No sabemos si nos van a hacer caso. Ha habido otros sectores, como en las infraestructuras, donde se han revisado las tarifas", ha señalado Garralde. El 1 de enero de 2022 entraron en vigor los nuevos conciertos sanitarios que, en el trienio 2022-2024, garantizan la cobertura sanitaria a través de Asisa, SegurCaixa Adeslas (bajo el control de Mutua Madrileña, como se ha dicho) y DKV, tanto a los funcionarios que prestan su servicio en España, como a los destinados en ciento veintitrés países.

En este 2024 comenzará la negociación del nuevo concierto para los próximos años. La renovación se tendría que firmar, como tarde, en septiembre de este año, para que el concierto arranque el 1 de enero del 2025. Las tres compañías llevan meses advirtiendo que de no inyectarse fondos a la mutualidad de los funcionarios, el futuro es inviable.

Las pérdidas

Con datos facilitados a este diario a finales de enero, entre las tres aseguradoras, desde que entró en vigor el concierto actual (2022), llevan unas pérdidas acumuladas de 200 millones de euros. "Hay estudios encargados por la administración para subir o no las tarifas. Nos da un poco de miedo que se centren exclusivamente en la eficiencia del gasto y no en la suficiencia. De ese análisis saldrá alguna mejora eficiencia, pero será pequeña cuantía", ha añadido el presidente de Mutua Madrileña esta mañana.

En 2022, el Gobierno encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la financiación del modelo. "Hay que subir dos dígitos anuales para cerrar la brecha. Es muy difícil ir a estos conciertos. Hay muchas empresas que han abandonado. A nosotros no nos gustaría, pero necesitamos que sean receptivos", ha abundado Garralde.

La caída de Muface

Las declaraciones del presidente de Mutua Madrileña ahondan en una crisis que viene de muy atrás. Porque las aseguradoras remarcan: en las actuales condiciones, les resulta imposible seguir adelante. Llevan meses hablando de "primas desfasadas" que, a su vez, reducen los baremos que las compañías pagan a los médicos. Consideran que es preciso revisar el modelo, infradotado, insisten, tanto en términos absolutos, como si se compara con la financiación de la sanidad pública.

Las compañías ya han comenzado a reunirse con la AIReF para abordar este asunto. También la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha reunido con este organismo para conocer "de primera mano" la situación del informe sobre la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria a través del mutualismo administrativo, encargado por el Gobierno.

Este organismo dispone de un año para elaborar el documento solicitado por el Ejecutivo, pero ha transmitido al sindicato "las dificultades que está teniendo para recibir información precisa por parte de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, entre otros agentes implicados".

Deterioro de la atención

La falta de financiación crónica del modelo ya se traduce en un deterioro de la atención sanitaria- grave en el caso de especialidades como Oncología- y ha provocado un descenso del número de funcionarios que se decantan por la sanidad privada. Así lo sostiene el informe 'El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros', realizado en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid e impulsado junto a la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

Con datos de este informe, Muface: alcanzó cerca de 1,5 millones de mutualistas en 2022, de los que el 70% eran titulares y el 30% beneficiarios. En los últimos 10 años, el número total se ha reducido en un 5,1%; aunque el número de titulares ha experimentado un aumento del 5,5% en el periodo 2013-2022, el descenso en el número de mutualistas viene propiciado por una caída del 23% en el número de beneficiarios.

El estudio aporta datos geográficos: las cinco provincias con mayor presencia de mutualistas en España son Madrid (16%), Barcelona (7%), Valencia (6%), Sevilla (5%) y Málaga (4%). Por su parte, las cinco con menor representatividad son Álava (0,2%), Soria (0,3%), Ceuta (0,3%), Melilla (0,3%) y Teruel (0,3%).