La cumbre de Valencia acuerda facilitar el acceso al padrón de los migrantes

«Hacer de nuestras ciudades auténticas sociedades vivibles para todas y todos, con independencia de la situación que ha generado la huida de quienes se suman a nuestras vidas, y en igualdad de condiciones que el resto de personas». A esto, entre otras cosas, se comprometieron ayer movimientos sociales, ONG y gobiernos locales, en la clausura de Solimed. El Encuentro euromediterráneo de la solidaridad con las personas refugiadas finalizó en Valencia después de tres jornadas, y los participantes se comprometieron a cumplir un documento de 12 puntos para convertir a los municipios en «ciudades refugio».

Entre las medidas que deben impulsar, están facilitar la inscripción en el padrón municipal; eliminar el requisito de antigüedad para acceder a servicios sociales; propiciar servicios de mediación al alquiler o cubrir las necesidades habitacionales de personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, también acordaron abrir vías de interlocución; aumentar los programas para la enseñanza del idioma; formar a los servicios municipales y dotarlos de traductores e intérpretes. Todo esto para, según apunta el manifiesto, «atender y suplir las claras deficiencias del sistema de asilo español» y «las restrictivas políticas del Estado español y de la Unión Europea».

La cita fue organizada por Podemos, Izquierda Unida (IU), el ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana, y en ella participaron unos 200 asistentes, entre ellos representantes de los consistorios de Madrid, Barcelona, Cádiz, Alicante, Sevilla y Zaragoza; y de países como Túnez, Turquía, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Grecia, Serbia; Líbano, Egipto; además de expertos universitarios, juristas, ONG internacionales y profesionales como la periodista Rosa María Calaf o el magistrado Joaquim Bosch, entre otros.

Gema Siscar, portavoz de la campaña CIE NO, destacó ayer a Levante-EMV la oportunidad de participar en un encuentro en el que los colectivos sociales y ONG «que trabajamos con personas refugiadas y migrantes» han podido debatir y sentarse con profesores universitarios de Derecho, Comunicación, Trabajo Social..., ayuntamientos y representantes políticos.

«Ha sido muy interesante, solemos participar en otros espacios, pero es el primero que hemos compartido con políticos y universidades: quienes tienen las competencias y pueden dotar de recursos; y los que nos aportan el contenido teórico en el que nos basamos», explicó.

Para Gema Siscar, el acuerdo se resume en «activar y agilizar las competencias locales y los recursos», que en muchos casos ya están en marcha. Asimismo, destacó la importancia del libre acceso al padrón, ya que, si no, «se dificulta a algunas personas tener el estatuto de 'ciudadano'» o poder demostrar cuánto tiempo llevan residiendo en un municipio. Además, también incidió en que personas refugiadas, desplazadas y migrantes en situación irregular tienen «necesidades comunes».

La eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez, apuntó que las política migratorias de la Unión Europea «son ilegales, violan derechos fundamentales y van contra el derecho internacional», pero Marina Albiol, eurodiputada de IU, aseguró que la acción «de una sociedad que, pese a todo, sigue siendo solidaria y humanitaria obligará a los gobiernos a adoptar medidas». Por su parte, el también eurodiputado Miguel Urbán, de Podemos, afirmó que «donde no llegan las instituciones llega la solidaridad y la autoorganización de la gente, movimientos y sociedad civil».

Pese a esto, además de la protesta y la sensibilización, que son «necesarias», el concejal de Cooperación e Inmigración de Valencia, Roberto Jaramillo, apuntó durante el encuentro que el objetivo que lo trabajado y debatido en el encuentro se materializara en propuestas concretas, como los 12 puntos redactados al final.