Dieciséis detenidos y 420 kilogramos de cocaína incautados. Es el balance de la operación desplegada por la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera para desarticular entramado empresarial dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales que operaba desde el área metropolitana de València con ramificaciones en, Madrid y Málaga.
La investigación comenzó en septiembre de 2019, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo dedicado a la reparación de vehículos y cuyo taller había cerrado, estaba utilizando el código de identificación fiscal de su anterior negocio para importar fibra de coco desde Costa Rica.Las primeras gestiones permitieron comprobar que la empresa pasó de ocupar un bajo como taller en la localidad valenciana de Torrent, a un almacén de grandes dimensiones en el Polígono Industrial de Alcàsser, en el cual apenas había actividad.
Este lugar estaba centrado más en la compraventa de vehículos de segunda mano que en el almacenamiento de productos, aunque su interior se encontraba prácticamente vacío. Los agentes comenzaron a chequear los contenedores importados por esta persona, lo que permitió averiguar que las toneladas de fibra de coco que recibía eran almacenadas en Alcàsser sin darle salida.
Posteriormente, la empresa recibió dos contenedores más de fibra de coco procedentes del mismo exportador de Costa Rica y durante la descarga se produjo la intervención policial, que dio como resultado la incautación 427 kilos de cocaína ocultos entre la carga y la detención de varias personas, entre ellos, el principal investigado y su pareja.
Maquillaje en las cuentas
Durante el registro del almacén, llamó la atención de los investigadores la enorme cantidad de fibra de coco acumulada, pero resultaba extraño que no ocupara ni un cuarto de la capacidad de la nave, puesto que el alquiler mensual del local era muy superior a lo almacenado.
En el registro se hallaron libros de cuentas y anotaciones de gastos que apuntaban a que el principal investigado estaba siendo utilizado por otras personas para importar la sustancia.
A pesar de encontrarse en bancarrota, este hombre comenzó a recibir aportaciones por distintas vías, lo que le servía para cubrir los gastos de las importaciones de los contenedores, el alquiler del almacén y mantener un nivel de vida humilde.
Según la investigación, los ingresos se correspondían con préstamos personales realizados por particulares y por la venta de un inmueble en Paraguay a un familiar, una operación que permitió maquillar la aportación de 50.000 euros de los envíos.
El análisis de todos estos datos permitió detectar que, además, las cuentas corrientes desde las que se movía el dinero habían sido utilizadas para otras operaciones, como la adquisición de vehículos, el pago de nóminas ficticias y la adquisición y acondicionamiento de un inmueble en Valencia que iba a ser abierto como local de copas, en el que se invirtieron más de 500.000 euros.
Además de las 16 detenciones, que se dividen entre las provincias de Valencia, Madrid y Málaga, los agentes practicaron varios registros, en los que la policía se incautó de sellos y documentación de empresas fantasma y numerosa documentación relacionada con las empresas de la organización. En el marco de la operación también fueron intervenidos cuatro automóviles y tres motocicletas de alta gama.
