El narco del submarino se ahorra 6 millones por el retraso en ser juzgado por la covid

Y, para darle coherencia al acuerdo, se les ha aplicado la eximente muy cualificada de dilaciones indebidas por el retraso en ser juzgados. Pero, no tanto por los nueve años transcurridos desde la imputación formal por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico hasta la celebración de la vista oral, sino por la existencia misma de la pandemia, dice la sentencia, pese a que el decreto de alarma ya preveía que los plazos procesales no seguían corriendo

Nuñez Cencerrado, que se convirtió sin estridencias y a una velocidad inaudita en uno de los narcos españoles más potentes —su importancia solo trascendió cuando él y su banda fueron detenidos en una macrooperación de la Policía Nacional en septiembre de 2009—, llegó a hacerse con un auténtico imperio que incluía 15 propiedades inmobiliarias valoradas en 4,5 millones; decenas de cuentas bancarias, depósitos de valores y plazos fijos por importe de más de 600.000 euros; once vehículos (sin incluir la treintena de camiones asignados a dos de las empresas) tasados en 400.000 euros; seis sociedades mercantiles; y hasta un yate —el mayor de los construidos en España, en su momento, con 31,5 metros de eslora— valorado en casi cuatro millones de euros, el Amaranta II.

Pero, por encima de todo ello, saltó a la fama porque, en su afán emprendedor, fue el primero en intentar comprar un submarino que pretendía utilizar para traer desde la mismísima Colombia grandes cargamentos de cocaína para ahorrarse los costes que se quedan en las uñas los distribuidores tradicionales, entre otros, las células yihadistas que en aquel momento —entre 2006 y 2009— obligaban a pagar altísimos peajes a los narcos por dejar pasar sus envíos de cocaína a través del Sahel, en lo que se denomina la ruta africana.

De 17 millones, a solo 4,6

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para Rafa el Valenciano y su entramado financiero multas que sumaban 17 millones de euros, de los que seis debía pagarlos él. A sus padres, a quienes utilizó como testaferros, el fiscal les pedía una multa de un millón de euros a cada uno, la misma cantidad que solicitaba para su hermano y su primo. A ello se le suman dos millones de multa que exigía de la mujer de su lugarteniente, y otros dos millones más a otros dos colaboradores.

Sin embargo, para alcanzar el acuerdo de conformidad con las partes, la Fiscalía ha negociado rebajar la cuantía global a 4.560.000 euros, lo que supo un ahorro para los ocho condenados de doce millones y medio. En el caso del cabecilla, la condena final implica que pague una multa de cuatro millones y a sus padres, la Fiscalía, consciente del papel secundario que jugaron en las finanzas de su hijo, les deja esa multa en 15.000 euros a cada uno.

Obviamente, esa rebaja también afecta a las penas de prisión. Los padres han sido condenados a algo más de un año, que no tendrán que cumplir dado que no tienen antecedentes. Es la misma pena fijada para su hermano y su primo. En cuanto a Nuñez Cencerrado, a los 16 años impuestos por el tráfico de drogas a gran escala —cuando fue detenido, le incautaron 1.500 kilos de cocaína—, se le suman ahora un año y siete meses más —antes del acuerdo, el fiscal pedía 5 años de cárcel—.

La sentencia, notificada este lunes pasado, deja claro que el entramado societario estaba compuesto por empresas sin actividad —un restaurante, varias inmobiliarias, un centro de estética y dos firmas de transporte por carretera— ni trabajadores —alguna de ellas llegó a tener algún empleado, pero por apenas unos meses—, entre las que había un constante trasvase de dinero, y cuyo saldo financiero era casi siempre negativo.

Aunque el fallo estipula que todos los bienes pasan a ser del Estado, el propio magistrado recuerda que buena parte de ellos ya habían sido decomisados para hacer frente a la responsabilidad civil en el proceso que se siguió por narcotráfico.

Además del Amaranta II, destacan el Lamborghini 140 Gallardo del cabecilla o el Ferrari 360 de su primo.