Un careo frustrado retorna al punto de partida el crimen de Leidy Vanessa 15 años después

Los cuatro investigados por el asesinato de la adolescente, cuyo cadáver fue hallado enterrado en un paraje de Macastre en 2008, se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez instructor de Requena

Silencio en el careo por el crimen de Lady Vanessa

Ignacio Cabanes

En una investigación criminal, «tiempo que pasa, verdad que huye». La frase acuñada por el criminalista francés Edmond Locard resume perfectamente la situación en la que se encuentra a día de hoy el caso de la joven Leidy Vanessa, la adolescente de 17 años desaparecida en junio de 2008 después de salir de un instituto de València y cuyo cadáver fue hallado tres meses después enterrado en un recóndito paraje de Macastre, con el cráneo destrozado a golpes. Quince años después de su asesinato la causa se encuentra en la misma encrucijada que llevó al Juzgado de Instrucción número tres de Requena a acordar en 2016 el sobreseimiento provisional de la misma. Llevar a juicio a los cuatro investigados por su presunta relación en la muerte de Leidy, y que sea un jurado popular el que determine si hay indicios suficientes contra ellos, o sobreseerlo de nuevo al entender que los indicios carecen de la entidad suficiente como para mantener una acusación formal.

Tras varios intentos fallidos de celebrarse un careo entre los cuatro investigados y la madre de la víctima, prueba que pretendía poner sobre la mesa las acusaciones cruzadas de unos y otros, posibles contradicciones en sus relatos y aportar luz a una investigación que navega entre tinieblas, la semana pasada dicha baza de la acusación se desvaneció por completo al acogerse los cuatro sospechosos a su derecho a no declarar. 

El móvil sexual

El padrastro de la joven, Omar P. M., de 47 años y nacionalidad colombiana, no quiso así aclarar por qué varios testigos aseguran que sentía una atracción sexual hacia Leidy, que incluso le llevó a a agredir al novio de ésta, por qué la víctima tenía una cámara oculta en su habitación, y los motivos que le llevaron a huir a Colombia tres semanas después de la desaparición. En la práctica de dicho careo también se negó a responder, delante del otro investigado que estuvo con él trabajando en unas obras en un piso de la avenida del Puerto de València la mañana del día en el que desapareció su hijastra, su extraño comportamiento ese 2 de junio de 2008, ausentándose de su trabajo quince minutos para realizar una llamada desde un locutorio –portando el móvil encima– ni se ratificó en que los arañazos que tenía en el rostro al regresar se los había causado por un golpe con un capazo de la obra.

Por su parte, Fabián R. G., también colombiano y la persona por la que se sobreseyó provisionalmente la causa hasta que fuera localizado, también se acogió a su derecho a no declarar, pese a que es a él a quien indirectamente acusa Omar del crimen. Durante seis años la causa estuvo archivada en un cajón a la espera de contrarrestar las manifestaciones del principal encausado contra su jefe y la persona que al mismo tiempo le da coartada esa mañana. Tuvo que ser la madre de Leidy la que a través de redes sociales descubrió que el fugitivo estaba residiendo de nuevo en España. La insistencia de esta madre, que inicialmente también estuvo investigada, y de su letrado, Jorge García-Gasco, llevó finalmente a reabrir el caso en julio del pasado año, tal y como informó en exclusiva Levante-EMV.

Los otros dos imputados presentes en el careo, pero que guardaron el mismo silencio que los anteriores, son Antonio O. P., un vecino de Macastre de 58 años, y Álvaro J. R., de 57. Las investigaciones del grupo de Homicidios de la Policía Nacional concluyeron que ambos habrían cobrado cierta cantidad de dinero por haber ayudado presuntamente a Omar a deshacerse del cadáver.

Álvaro, con una fuerte adición a la cocaína y el alcohol, siempre ha mantenido que conocía a Omar y a otros dos colombianos porque trabajaban de vigilantes en una obra en la urbanización de Macastre donde vivía y realizaba labores de jardinería para unas personas mayores. Admitió en su día que éstos le suministraban droga pero negó estar implicado en la ocultación del cuerpo.

Fue el otro investigado, Antonio O., quien junto a un testigo protegido lo relacionó con el cobro de un dinero que le habían ofrecido unos colombianos para hacer un agujero y «deshacerse de un marrón». Hay dos cantidades que figuran en la causa como supuesto pago, 1.500 y 300 euros. No obstante, se refirió a dos bolsas que le habría hecho entrega Omar a Álvaro con el cuerpo de la chica, cuando realmente el hallazgo de los restos óseos de la joven descarta que estuviera descuartizada. 

Ninguno de ellos quiso aclarar ante el juez instructor este cruce de acusaciones. «El silencio pactado de todos los investigados ha sido muy significativo, aunque estén en su derecho a no declarar», remarca el letrado de la acusación Jorge García-Gasco, quien asegura que seguirán luchando para que el crimen de Leidy no quede impune.

Confían que el juez instructor eleve a sumario las diligencias y las remita al Tribunal de Jurado en los próximos días. La investigación policial ya concluyó hace más de una década y aunque, dado el estado esqueletizado en el que fue hallado el cadáver de la menor, no puede establecerse si la víctima fue agredida sexualmente, la madre de Leidy espera que la ausencia de pruebas biológicas contra ninguno de los investigados no suponga un problema para que un jurado popular dictamine sobre su culpabilidad o no. Existe el riesgo de que sean absueltos, pero tras quince años sin respuestas es un precio que esta mujer desesperada por llevar a los asesinos de su hija ante la Justicia está dispuesta a pagar.