La acusación eleva al máximo las penas en el caso de la violación grupal de Burjassot

La madre de la niña que sufrió una violación grupal en mayo del año pasado en una casa abandonada de Burjassot, tal como informó Levante-EMV en exclusiva, ha elevado al máximo legal posible la solicitud de medidas (penas) para los dos acusados de haber sometido a su hija a una violación múltiple en la que también participó un tercer adolescente. Este último, sin embargo, no podrá ser ni detenido ni investigado ni juzgado por esos hechos, ya que es inimputable porque tenía 13 años cuando se produjo el ataque sexual, es decir, uno menos de los que exige la ley para ser responsable de un delito.

"Mi hija lleva seis meses sin apoyo psicológico desde la violación grupal porque no le han permitido declarar"

Así, la acusación particular de esa víctima, que ejercen los penalistas Juan Carlos Navarro e Isabel Carricondo en nombre de la madre de la víctima, que tenía 12 años cuando se produjeron los hechos, ha solicitado en sus alegaciones provisionales que el menor de 16 años investigado por violar a la niña en un ataque individual sea castigado con 5 años de internamiento y cuatro de libertad vigilada, coincidiendo con la petición de la fiscal de menores, tal como adelantó este diario.

Las máximas para los agresores grupales

Sin embargo, eleva a seis años de internamiento y a cuatro bajo vigilancia la solicitud provisional de medidas para los dos acusados de participar en la violación múltiple y contempla que ambos son autores de tres delitos de agresión sexual con acceso carnal: uno como autores y dos como cooperadores necesarios.

La razón es que tanto la víctima como su amiga, que fue testigo del inicio de ese ataque grupal, coinciden al relatar como cada uno de ellos la violó mientras los otros dos la sujetaban de piernas y brazos para inmovilizarla. Es decir, hubo coparticipación de los tres, los dos investigados y el menor inimputable.

Testimonios "válidos y creíbles"

Además, la acusación particular solicita una indemnización de 80.000 euros para la niña, por el daño moral y el psicológico que ese ataque le han provocado, con insomnio, autolesiones, acoso escolar y un largo etcétera, secuelas que han recogido tanto la fiscal en su escrito de alegaciones como la psicóloga forense que realizó la prueba preconstituida -la declaración de ambas niñas en la cámara Gesell-.

El informe de credibilidad de la perito judicial determina que tanto el testimonio de esta niña como el de la otra menor agredida sexualmente acerca de lo que sufrieron aquel 16 de mayo de 2022 son «válidos y creíbles», tal como adelantó este periódico.

Los abogados de la madre de la menor, siguiendo el consejo de la psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de València, han solicitado que la niña no tenga que declarar en el juicio y que se utilice esa grabación en la cámara Gesell como prueba preconstituida de su testimonio.