Mientras caía una imponente tromba de agua sobre la localidad de Riba-roja, en el salón de plenos del Ayuntamiento se anulaba por unanimidad el PAI Masía de Porxinos, en parte porque no se contó con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al considerar que no había agua suficiente para la urbanización planificada con más de 2.700 viviendas en la Ciudad Deportiva del Valencia. «Muere» el PAI Porxinos, pero no se zanja. Por una parte, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad abrir una Comisión de Investigación por la cual se quiere aclarar dónde han ido a parar los 20,7 millones de euros que ingresó el Ayuntamiento (5,4 millones por el PMS abonado y 15,3 mediante una aportación voluntaria derivada de la adjudicación a Litoral del Este SLU de la condición de Agente Urbanizador) con el objetivo de reclamar responsabilidades. Luego está el escrito presentado el 19 de noviembre de 2014 por Amadeo Salvo en el que se comprometía a no reclamar la devolución de estas cantidades ni reclamar por daños y perjuicios siempre que el Ayuntamiento tramitara diligentemente un nuevo PAI en el sector Masía de Porxinos en términos equivalentes al que «tumbó» el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo, según informó el alcalde Robert Raga leyendo un documento que hizo constar en acta, se basó en varios puntos para anular el PAI: no se presentó el «preceptivo informe favorable y vinculante de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no hubo fase de concurso público cuando se adjudicó a Litoral del Este el proyecto, se infringieron las leyes de impacto ambiental y de espacios protegidos…». Y a partir de ahí, después de que en sesión plenaria se aprobara con unanimidad crear una comisión de investigación con «el objetivo —en palabras de Rafa Gómez (EU)— de dar la luz que pide toda la ciudadanía a todos los puntos negros, si es que los hay». La portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Ruiz, insistió en su mensaje que todo lo que realizaron fue «legal» y que los informes que faltaban no eran competencia del consistorio. Estos argumentos fueron rebatidos posteriormente, pero el PP se unió a la comisión de investigación tras reconocer que en una situación coyuntural como la actual, también se hubieran opuesto al PAI Masía de Porxinos. «En 2005 pensábamos que era una actuación buena para Riba-roja, pero diez años después, reconocemos que si ahora nos viniera un PAI así lo consideraríamos fuera de lugar», aseguró antes de pedir «abrir una línea de diálogo buscando la mejor solución defendiendo los intereses de Riba-roja. Ojalá viniera la ciudad deportiva del Valencia CF a Riba-roja, la queremos y creo que sería buena intentarlo. Ahora bien, acompañado de una actuación urbanística así, no. ¿Está dispuesto el Ayuntamiento a esta iniciativa?». No logró respuesta.
Rubén Ferrer, de la corporación «Riba-roja Pot» aseguró que «hay que investigar cómo ha ido la ruta del dinero privado y quiénes se han beneficiado del pelotazo, además de quién compró terrenos y a qué precio. Todo esto se debería investigar. Salió gente muy beneficiada de esto y queremos los nombres y apellidos».
María José Ruiz señaló a Juan B. Soler: «El que utilizó la palabra pelotazo es un impresentable, y si hizo un pelotazo lo hizo él, y a ver con qué cara nos viene a reclamar a los que hicimos las cosas bien hechas». Por su parte, Rafa Gómez insistió en que «no queremos sólo denunciar que haya alguna actuación mala por parte del PP. Queremos saber si la Generalitat ha hecho algo mal, y Litoral del Este. Queremos luz. No sabíamos ni siquiera el escrito de Amadeo Salvo al Ayuntamiento. Es un tema importante y escabroso que parece dirigido a vosotros (PP local), pero está dirigido a vosotros (PP local), la Generalitat y a Litoral del Este. La foto de Rafael Blasco, Juan B. Soler y Francisco Tarazona salió mucho por ahí, y lo que tenemos que hacer es sacarlo todo a la luz, así nos quedamos todos tranquilos». Robert Raga quiere buscar responsabilidades: «Si hubiese tráfico de influencias o cualquier delito penal, pediríamos responsabilidades a los que votaron a favor del PAI, así como a los técnicos que lo valoraron favorablemente. El tema es muy grave y haremos que los ciudadanos sepan qué pasó».
Y la votación, igual como ocurrió en el punto anterior en el que se debía aprobar la anulación del PAI de Porxinos, también hubo unanimidad en todas las corporaciones municipales presentes.
Este asunto preocupa mucho a Meriton
Al máximo accionista del club, Peter Lim, el asunto Porxinos le preocupa mucho. Con independencia de la moratoria de cinco años que firmó con los bancos que se quedaron con la sociedad Litoral del Este, se quiere encontrar una solución para maniobrar en un sentido u otro. Está previsto que en breve se pongan en contacto las dos partes y estudien la situación buscando la mejor solución para todos.
