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"La Televisión Municipal de Valencia no tiene que notificar ninguna venta de acciones por parte José Luis Ulibarri a otra empresa porque no son acciones de la Televisión Municipal de Valencia y por tanto esto no le afecta, ni la Televisión Municipal tiene nada que ver con ello". Con estas enrevesadas declaraciones quiso zanjar ayer el primer teniente alcalde y presidente del Consejo de Administración de la Televisión Municipal de Valencia (TMV), Alfonso Grau, la petición del PSPV de que se notifique al juez instructor del caso Gürtel la venta de las acciones de Ulibarri, uno de los imputados, por si pudiera constituir un delito de alzamiento de bienes.

Según Grau, que Ulibarri venda sus acciones de la empresa gestora de la televisión municipal a 123 Comunicaciones -una firma de reciente creación que aún no ha sido dada de alta en el Registro Mercantil- "no tiene ninguna relación con la TMV". "Se trata de operaciones entre empresas privadas", insistió.

El argumento de Grau choca de lleno con lo que dice el presidente del consejo de administración de la empresa adjudicataria (Ondas 13), Vicente Martínez Marco. En el escrito del pasado 12 de noviembre que Martínez Marco dirigió a Alfonso Grau en calidad de presidente del consejo de TMV deja bien claro que requiere su "aceptación expresa y escrita" para la transmisión de acciones y el cambio del socio de referencia. El escrito evidencia por tanto que el asunto sí es competencia directa del ayuntamiento.

El objetivo de esta operación, explica Martínez Marco, es "reforzar la solvencia técnica y financiera de Ondas 13" que ha realizado varias ampliaciones de capital, algunas de las cuáles no se han cubierto. La situación de la televisión pública es deficitaria y complicada, aunque Grau ha insistido, tras el acuerdo con los nuevos y anónimos socios capitalistas, en que seguirá emitiendo y no habrá "fundido en negro" en las pantallas. Consejeros consultados por este diario atribuyen la ruinosa situación de TMV a los incumplimientos del ayuntamiento que al parecer se comprometió a hacer una serie de aportaciones de las concejalías por publicidad que no han llegado o sólo lo han hecho en parte.

Según Grau, el PSPV "intenta vincular a la TMV con asuntos con los que no tiene ninguna relación y sólo busca desprestigiar a esta empresa pública a base de manipular y mentir".

Grau seguía ayer encastillado en no facilitar a la opinión pública el nombre de los accionistas que controlarán la televisión municipal. Precisamente mejorar la transparencia y garantizar la solvencia en las concesiones de radio y televisión del Consell parece ser el objetivo del decreto aprobado ayer por el Gobierno autonómico que obliga a las prestadoras de estos servicios en la Comunitat a inscribirse en un registro público, dependiente de Presidencia. La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, explicó ayer que habrá un período de seis meses para que las concesionarias faciliten a este registro la identidad de sus titulares y cuantas resoluciones, actos o negocios jurídicos y características técnicas les afecten.