Pilar Martínez se encuentra en "una situación desesperada". Lleva cinco años esperando una sentencia judicial que le ayude a "hacer justicia" por un presunto caso de estafa que sufrió en 2006. Fue en ese año cuando se puso en manos de una financiera para poder pagar el piso donde vivía, pero pocos meses después tenía la casa embargada y una orden de desahucio, según explicó a Levante-EMV.

Desde que sufrió este embargo vive con su hijo en un piso de alquiler que le cuesta 450 euros cada mes. El pasado mes de marzo las autoridades pertinentes le reconocieron una discapacidad del 68%, por lo que cobra una pensión de 379 euros mensuales. Además, Pilar trabaja en un taller para discapacitados financiado por la Unión Europea, pero su contrato finaliza a el 29 de mayo.

El procedimiento se está llevando a cabo en el juzgado número 3 de Catarroja y, según fuentes judiciales, el caso se mantiene abierto. "En breve debería tener una resolución", aseguran. Además, apuntan que "la última providencia se hizo en mayo, por lo tanto, no está parado el proceso para nada".

Sin embargo, Pilar considera que no se está haciendo todo lo posible para solucionar su situación. La abogada de esta vecina valenciana lamentó la situación que padece su clienta y relató la serie de circunstancias que han hecho que Pilar lleve tanto tiempo esperando una sentencia.

"La falta de funcionarios y la lentitud propia del sistema judicial están perjudicando, y mucho, a Pilar", dice.

Ante su crítica situación, la afectada se dirigió al Defensor del Pueblo con el fin de averiguar qué pasaba con su proceso. No entiende que se demore tanto. "Están buscando a imputados y yo sé donde están, pero no se quieren dar prisa", dice.

El caso está abierto de oficio y, según las fuentes judiciales, tanto el fiscal como el juez entienden que éstas serán las últimas diligencias antes de dictar sentencia. Una sentencia que Pilar espera desde hace un lustro, cuando se vio obligada a acudir a un prestamista privado para pagar el piso en el que vivía. En aquella época Pilar no podía acceder a un crédito bancario porque una deuda anterior la había llevado al registro de morosos. Entonces decidió ponerse en manos de una financiera que le ofrecía dinero rápido y fácil a través de un préstamo puente. Pero pocos meses después tenía la casa embargada. Asegura que le han estafado y que le han cobrado intereses abusivos.