La denuncia por la vulneración de datos del Ayuntamiento de Alicante partió del Sindicato de Policías Locales y Bomberos de la Comunitat Valenciana. En mayo de 2012 la Agencia Española de Protección de Datos recibió el escrito del sindicato y abrió un expediente al Ayuntamiento de Alicante, que no alegó contra el mismo.
Una ley orgánica de 1997 ampara a los ayuntamientos para instalar cámaras de seguridad, si bien la tramitación administrativa es compleja y debe recibir el visto bueno de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de referencia.
