El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, personado como acusación popular en el Caso Nóos, ha expresado su oposición al sobreseimiento de las actuaciones solicitado por el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, para dejar de estar imputado en esta causa.
En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la representación del grupo socialista considera que existen indicios de criminalidad en la conducta de Grau porque, como responsable de la Fundación Turismo Valencia, hizo todas las contrataciones con Nóos "al margen de cualquier procedimiento administrativo, con el fin último de beneficiar económicamente, y con cargo a las arcas públicas valencianas, al señor Urdangarín por su condición de yerno del rey" don Juan Carlos.
Tras prestar declaración el 31 de mayo, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, pidió el pasado 17 de junio al juez del caso Nóos, José Castro, el sobreseimiento libre de la causa en lo que a él afecta, con lo que dejaría de estar imputado en la misma.
La defensa de Grau reiteró que la Fundación Turismo Valencia (FTVCB) es una entidad privada que no está sujeta a los controles de contratación de las administraciones públicas, para lo cual aportó siete documentos que, a su juicio, respaldaban esta afirmación.
Por contra, en el escrito presentado por el letrado del grupo socialista se argumenta que, aunque el ayuntamiento la considerara una entidad privada, eso no afecta, según las jurisprudencia del Tribunal Constitucional, "a su verdadera naturaleza y por tanto a sus obligaciones que, como poder adjudicador, tiene en el gasto del dinero público que reciba del Ayuntamiento de Valencia".
La legislación que la defensa pretende aplicar (real decreto legislativo 3/2011) es, según la acusación popular, diez años posterior a cuando ocurrieron los hechos, ya que los convenios de los Valencia Summit se firmaron en los años 2004, 2005 y 2006.
Reitera también que, desde su constitución, Turismo Valencia se nutrió "exclusivamente de fondos públicos del Ayuntamiento de Valencia", que aportó todos los años dinero al patrimonio de la fundación hasta alcanzar los 63,4 millones de euros.
Frente a la manifestación de Grau de que FTVCB podía utilizar el dinero que recibía "como le viniera en gana, desde una absoluta y completa libertad", el grupo socialista considera que "todo dinero público debe ser empleado conforme a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia".
El escrito acusa a Grau de querer defender que una fundación "pueda gastar 63 millones de euros de dinero público sin ningún control o fiscalización sobre su gasto".
En el caso de los Valencia Summit, "Grau, por orden de (la alcaldesa Rita) Barberá dio casi dos millones de euros de dinero público a los imputados Iñaki Urdangarin y Diego Torres, sin el más mínimo control sobre el gasto", afirma el escrito.
Se acusa también al vicealcalde de Valencia de modificar en 2009 los estatutos de FTVCB para soslayar el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que consideraba a la fundación como entidad pública y había advertido sobre su funcionamiento irregular.
Esta actuación es considerada por el grupo socialista como "un fraude de ley" para intentar "huir de los controles establecidos en el derecho administrativo".
La acusación popular se opone también a la petición de Grau de que se reciba de nuevo declaración a los miembros del patronato de la Fundación Turismo Valencia por considerar que es "una diligencia innecesaria, impertinente y dilatoria de la instrucción".
Según el escrito, las declaraciones de los miembros del patrono se efectuaron "sin ningún tipo de contaminación o coacción por parte de nadie".
