El Cabanyal resucitó ayer como campo de batalla política a dos meses de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. El Ministerio de Cultura ha iniciado oficialmente el procedimiento de revisión de la orden ministerial que suspendía la ejecución del plan de reforma (PEPRI) del barrio del Cabanyal.
La oposición se lanzó en tromba a criticar la medida como electoralista. La decisión del ministerio, de hecho, fue anunciada por la propia Rita Barberá durante el acto de partido de su proclamación en que el presidente Rajoy la invistió como candidata para las elecciones. Fue su regalo de estreno de candidatura: el regreso a la primera línea de su gran objetivo urbanístico, la prolongación de Blasco Ibáñez,que tiene dividido el barrio desde hace dos décadas. Y llega justo en la rampa de lanzamiento de la campaña y cuando el PP lleva casi cuatro años en el Gobierno de España.
Barberá exhibió el mensaje que le había enviado el ministro de Cultura, José Ignacio Wert: «El ayuntamiento ha hecho todos los esfuerzos para presentar una propuesta sumamente respetuosa con la protección del Cabanyal y que al tiempo contribuya a revitalizar ese entorno y a integrarlo en un tejido urbano tan dinámico como el de Valencia», dice la nota. Y concluye: «Confiamos en que el procedimiento se tramite con la mayor diligencia y podamos resolver una situación que ni beneficia al Cabanyal, ni a quienes viven en él, ni al conjunto de los valencianos, y que no puede mantenerse por más tiempo», leyó Barberá ante el aplauso de los asistentes.
Aquella orden ministerial que tiene paralizados los planes de Barberá para el barrio data de hace cinco años, en 2010, cuando el entonces Gobierno socialista de Zapatero y González Sinde de ministra consideró que el plan suponía un «expolio del patrimonio histórico» para el barrio.
La decisión se produjo en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 25 de mayo de 2009, que ordenaba al ministerio a pronunciarse sobre el expolio una vez recibidos los informes técnicos preceptivos. La Orden Ministerial declaraba «la obligación de suspender inmediatamente la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior» y requería a la Generalitat para que suspendiera «todas las actuaciones administrativas relacionadas con el Plan».
