La nueva comisión de investigación del accidente del metro aprobada el viernes en las Corts tiene una hoja de ruta de mínimos marcada para los próximos doce meses. La comisión parlamentaria se crea para «depurar responsabilidades profesionales, técnicas, de gestión y políticas» antes, durante y después del accidente del metro. Deberá estar finalizada antes del primer año de legislatura por lo que, debido a la proximidad de las fechas, coincidirá con el décimo aniversario del siniestro que acabó con la vida de 41 viajeros y dos trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
Esta nueva investigación parlamentaria deberá contar con una auditoría independiente sobre FGV, un informe sobre la seguridad antes y después del accidente y un análisis sobre la gestión y el tratamiento que se dio al accidente del metro y a las víctimas en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y la Sindicatura de Greuges. Hasta ahí el contenido mínimo pactado por la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) con cuatro de los cinco partidos de las Corts. Los acuerdos entre los parlamentarios decidirán qué comparecientes son citados a declarar, esta vez sin prisas, vetos o respuestas amañadas, como en 2006.
Entre los candidatos a comparecer se encuentran los principales responsables políticos y técnicos de la Generalitat y FGV cuando se produjo el accidente y en los meses posteriores. La mayoría ya han abandonado la primera línea de la política y, en algunos casos, se encuentran en una delicada situación judicial al estar imputados en diversas causas.
Esta posible terna de los «0 responsables» candidatos a declarar la encabeza el ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, actualmente en el Consell Jurídic Consultiu. Camps, que abandonó el cargo por la «causa de los trajes» de la que resultó absuelto aunque ahora está imputado por su gestión de la Fórmula 1, siempre se negó a recibir a las víctimas. Sólo se reunió una vez, en secreto y por sorpresa, con el primer presidente de la Avm3j, Enric Chulio, en enero de 2007. El ex jefe del Consell llegó a pedir perdón en las Corts por las continuas averías en FGV registradas en los meses posteriores al accidente, pero nunca se dirigió en términos parecidos a las víctimas del metro.
De la Conselleria de Infraestructuras, podría ser citado a declarar el director general de Transportes en 2006, Vicente Dómine, y responsable directo de FGV en el departamento que dirigía José Ramón García Antón, ya fallecido. Ni éste último ni su sucesor, Mario Flores, tuvieron nunca un gesto público hacia las víctimas del metro.
En los meses posteriores al siniestro también tuvieron un destacado protagonismo el entonces vicepresidente del Consell y el conseller de Agricultura, Víctor Campos y Juan Cotino. Éste último tuvo un contacto directo con las víctimas antes de que se organizaran como asociación. Las familias de los afectados han denunciado públicamente que Cotino llegó a ofrecerles trabajos en la administración o en empresas privadas al tiempo que se interesaba por su intención de personarse en la causa judicial. Cotino abandonó la política en octubre de 2014 y está imputado por los contratos de la visita del Papa.
Víctor Campos atendió a la Avm3j cuando las víctimas se organizaron e iniciaron sus reivindicaciones, y llegó a sugerirles en alguna ocasión que «el dinero no era problema» para atender sus demandas, cuando las víctimas lo que reclamaban era transparencia. Campos se declaró culpable de cohecho en la «causa de los trajes» y también ha abandonado la política.
El que también ha sido retirado a la fuerza de la vida pública es el ex conseller Rafael Blasco, que cumple condena por malversar ayudas a la Cooperación. Blasco ocupaba la cartera de Sanidad en julio de 2006 y defendió en la comisión las tesis de la Generalitat de que el accidente era imprevisible e inevitable, en la que compareció como responsable de Obras Públicas cuando se creó FGV.
La comisión de las Corts estuvo presidida con mano de hierro por el histórico diputado Rafael Maluenda, también fuera de la política, que nunca aclaró las acusaciones de amaño de esta primera investigación parlamentaria, cuando fue requerido por la diputada de EU, Marina Albiol. Durante las sesiones monográficas sobre el accidente, las intervenciones más duras corrieron a cargo del entonces Síndic del grupo parlamentario popular, Serafín Castellano, que acusó a la oposición de practicar el carroñerismo político por apoyar las reivindicaciones de las víctimas. Castellano ha sido cesado recientemente de su último cargo al frente de la Delegación del Gobierno, tras ser imputado por beneficiar a dos empresarios amigos en los contratos que concedió en varias «conselleries».
También podrían someterse al escrutinio de la nueva comisión el actual Síndic de Greuges, José Cholbi, y el anterior director de RTVV, Pedro García. Cholbi intervino como diputado del PP en la comisión de investigación y, ya en la Sindicatura de Greuges, se declaró en noviembre de 2009 «incompetente» para indagar las denuncias de la Avm3j por «la falta de seguridad en la Línea 1, la falta de diligencia en investigar las causas del accidente, y la falta de cobertura de Canal 9 de nuestras protestas». Es el único político de aquella época que mantiene un cargo público.
Por último, el periodista Pedro García, también imputado en la trama Gürtel, dirigió RTVV entre 2004 y 2009, y fue, supuestamente, la correa de transmisión de las órdenes del Presidencia para que se evitara informar sobre las reivindicaciones de las víctimas Canal 9 y Ràdio 9.
Respecto a FGV, la mayoría de directivos con responsabilidades en 2006 han abandonado la empresa. Todos comparecieron en la primera comisión con las respuestas preparadas junto a la consultora H&M Sanchis para defender la «versión oficial» del siniestro. Actualmente hay tres directivos imputados en la causa judicial del metro (Vicente Contreras, Francisco García Sigüenza y Francisco Orts). A Contreras también se le investiga junto a Gracia y otro directivo prejubilado que defendió las tesis oficiales en las Corts, Manuel Sansano, por el presunto amaño de los contratos de vigilancia de FGV. Siguen en la empresa Luis Domingo Alepuz, el jefe de talleres de Valencia Sud, que hizo la lectura de la caja negra del primer tren en la que se borraron los datos, o el jefe de la Línea 1, Sebastián Argente, ahora responsable del tranvía.
