La Concejalía de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, quiere que la grúa sea vista por los ciudadanos como «un servicio público amable» y no únicamente sancionador y recaudatorio. «El modelo para la grúa a partir de ahora va a ser más amable, queremos que el ciudadano lo vea como un servicio público y no como un castigo», asegura Sandra Gómez.
Esta será una de las cuestiones que la concejala socialista trasladará hoy a los responsables de la empresa Pavapark, la concesionaria desde hace poco más de un año del servicio municipal de la grúa. En la reunión prevista para esta mañana, se abordará la posibilidad de revisar los pliegos de condiciones de la contrata puesto que se ha producido una reducción significativa del número de enganches de vehículos „y de las multas„ que obligaría a revisar los compromisos de pago del ayuntamiento. Solo en los dos primeros meses de funcionamiento de la nueva contrata de la grúa, que empezó a trabajar en julio de 2014, los enganches se redujeron en más de un 35%.
Se trata de revisar las condiciones del contrato de la grúa, un negocio de 56 millones de euros, para «que sea rentable para todas las partes». El ayuntamiento adjudicó en marzo de 2014 tras un reñido concurso el contrato de la grúa a Pavapark. La nueva licitación vino precedida por el enfrentamiento entre el ayuntamiento y la anterior concesionaria (Cleop-Servicleop) por los impagos de una y los retrasos en la facturación de otro. A su llegada a la alcaldía, Joan Ribó (Compromís) anunció su intención de rescatar la gestión de algunas contratas municipales, entre ellas la grúa. La propuesta, sin embargo, ha quedado aparcada de momento tanto por el elevado coste de las indeminaciones a la contrata como por las limitaciones presupuestarias que el Gobierno impone al ayuntamiento y que le impiden contratar personal y medios para prestar el servicio de la grúa en condiciones.
Al descenso del número de enganches está contribuyendo la nueva política del tripartito de no sancionar tanto y de apostar por la concienciación como mejor herramienta para provocar un cambio de actitud y costumbres. Así se ha hecho con la implantación en toda Ciutat Vella de la denominada zona 30. La policía local está llevando a cabo controles de velocidad «informativos» y, de momento, no hay voluntad de sancionar a los conductores que incumplan los límites de velocidad. Los agentes de la policía paran a los infractores y les informan de las nuevas condiciones de movilidad en el centro histórico. «Estamos llevando a cabo una campaña educativa y de momento no se quiere penalizar». Sandra Gómez entiende que la policía local es una pieza fundamental en la política de pacificación del tráfico en la ciudad.
