La Audiencia de Palma, donde se celebra el juicio del caso Nóos, ha pedido al Grupo Municipal Socialista un informe realizado por el Ayuntamiento de Valencia en el que se asegura que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB) es de naturaleza pública, un elemento fundamental para dilucidar la responsabilidad del exvicealcalde Alfonso Grau en los contratos de la fundación con el Instituto que presidía Iñaki Urdangarín.
Según la Audiencia de Palma y la acusación popular ejercida por el Grupo Socialista, TVCB se nutría de fondos municipales y tenía, por tanto, un carácter público que la obligaba a seguir las normas de contratación pública, cosa que no hizo al pactar con Nóos la organización de las tres ediciones de la Valencia Summit por más de tres millones de euros. Alfonso Grau, por su lado, defiende que la fundación por él presidida tenía carácter privado y así se comportaba desde hacía 20 años sin que nadie le reprochara nada.
Pues bien, ahora hay un nuevo elemento para el debate que a juicio de los socialistas «refuerza mucho nuestra posición». Según explicaron ayer su portavoz , Joan Calabuig, y la concejala Sandra Gómez, abogada del grupo durante la instrucción del caso, cuando se produjo el cambio de gobierno el propio Calabuig, como nuevo presidente de la fundación TVCB, pidió un informe a los servicios jurídicos municipales para que determinaran la naturaleza pública o privada de la entidad y de esa manera «saber a qué atenerse». Y ese informe, según Gómez, «dice claramente que se trata de una entidad de naturaleza pública».
Ilegalidad evitable
Eso significa, a su juicio, que se cometió una ilegalidad y que el propio «Grau podría haberlo evitado pidiendo un informe como hemos hecho nosotros». «Si la fundación funcionaba de manera privada era porque había interés en que fuera un instrumento para la fuga de dinero público y para servir a sus intereses personales y políticos», sentenció Goméz, quien explicó que ese informe le ha sido ofrecido a la Audiencia de Palma y ésta se lo ha reclamado para incluirlo en la causa.
Joan Calabuig y Sandra Gómez también reiteraron su deseo frustrado de que Rita Barberá y Francisco Camps estuvieran sentados en el banquillo del caso Nóos. Es más, aseguran que hicieron «todo lo posible», pero que se chocaron con el muro del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Tras recordar que son el partido que más ha luchado contra la corrupción, Joan Calabuig explicó que su objetivo principal siempre ha sido restablecer los fondos públicos, para lo cual, añadió Sandra Gómez, cuando el juez Castro pidió al TSJCV la imputación de Barberá y Camps (ambos eran aforados), su grupo y el fiscal aportaron informes apoyando esa tesis.
No obstante, el alto tribunal resolvió los tres escritos, todos ellos de más de cien páginas, con un auto de ocho en el que aseguraba que no había indicios de criminalidad y que no tenía posibilidad de recurso, lo que dejaba a Barberá y a Camps fuera del caso. Constatada la reunión con Urdangarín y Torres en el Palacio de la Zarzuela para concertar los contratos de las Valencia Summit, «había muchas razones jurídicas para imputarlos, pero se ve que había también muchas razones políticas para no hacerlo», explicó Sandra Gómez invitando a una reflexión sobre la politización e imparcialidad de la justicia y reclamando una revisión de la legislación vigente.
A partir de ese momento, la concejala asegura que no hubo momento procesal para volver a intentarlo. Podría haberlo puesto cuando pidió ante la Audiencia de Palma la imputación de Grau pero el recurso era por otra cosa. De hecho, la Audiencia de Palma a quien cuestiona por dejar fuera a Rita Barberá y a Camps, según Sandra Gómez, es al TSJCV, no a los socialistas, que ahora, en el juicio, tampoco cree probable que se vuelva la vista sobre ellos.
Archivan la causa abierta por posibles presiones a los patronos
El Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia ha sobreseído provisionalmente la causa abierta por las supuestas presiones recibidas por varios testigos, todos ellos patronos de la Fundación Turismo Valencia, por el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, acusado en el caso Nóos. Según el juez, no existen indicios de que las supuestas llamadas que pudo efectuar la subdirectora a los patronos de la Fundación, a instancias del director gerente, «influyeran en modo alguno, ni directa ni indirectamente, en la posición procesal o testimonio» que los patronos iban a prestar unos días después en la Ciudad de la Justicia de Valencia y ante el juez instructor de Nóos.
