Cuando el 18 de julio de 1936 una parte del ejército, apoyado por la jerarquía católica y la burguesía más reaccionaria, se alzó en armas contra el Gobierno legítimo de la República, inició una represión en las ciudades y pueblos del Estado español sin precedentes en la historia de nuestro país. Según el historiador británico Anthony Beevor, el número total de víctimas podría acercarse a las 200.000 personas, siendo el Estado español el segundo país del mundo, tras Camboya, en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.
Uno de los principales objetivos de los sublevados fueron los alcaldes y concejales de los partidos de izquierdas integrantes del Frente Popular. No era esto la primera vez que pasaba. Así, fueron los primeros detenidos por los fascistas en aquellos municipios donde triunfó el golpe, siendo fusilados en su gran mayoría de forma inmediata, sin juicio o con consejos de guerra ilegales. Uno de estos alcaldes fusilados a las pocas semanas de la sublevación fascista fue Manuel Fernández Montesinos, alcalde socialista de Granada y cuñado del poeta Federico García Lorca.
Este proceder por parte de los sublevados tenía un precedente cercano en Italia en 1922, durante la siniestra Marcha sobre Roma de los camisas negras de Mussolini que recurriendo a toda la violencia posible consiguieron la renuncia de la práctica totalidad de las autoridades socialistas y comunistas municipales conforme avanzaban hacia la capital italiana. Así, como ya había ocurrido en Italia, la detención o eliminación física de alcaldes y concejales como representantes más cercanos de los ciudadanos, tenía como objetivo dejar claro que la represión iba a ser generalizada y que por tanto el terror sería el único argumento de los golpistas y alcanzaría a todos.
Con la dictadura franquista ocupando las instituciones públicas, la memoria de los representantes democráticos de la ciudadanía quedó literalmente borrada de la historia de sus municipios por los golpistas, hasta la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos en 1979, que procedieron de manera limitada, a recuperar la memoria democrática de sus antecesores.
Es por ello, por lo que al llegar como concejal al Ayuntamiento de Valencia me resultó especialmente estremecedor ver cómo en el pasillo de Alcaldía, que ocupa el lateral derecho del Salón de Cristal, colgaban los retratos de alcaldes de la dictadura franquista con la misma impunidad con la que habían gobernado con mano de hierro nuestra ciudad. Y lo peor era que compartían espacio, mucho menos visible, con los alcaldes democráticos que hubo en Valencia hasta la fatídica entrada en la ciudad de las tropas fascistas en marzo de 1939.
Es una medida muy acertada que sean los alcaldes y alcaldesas desde 1979 los que ahora ocupen el pasillo de Alcaldía, para que los visitantes del consistorio conozcan quiénes han sido nuestros representantes democraticos. Pero sigue siendo injusto que sigan colgados los retratos de los alcaldes franquistas, ya que al hacerlo se está equiparando a estos representantes de un brutal régimen, con aquellos otros que sí gozaban de la legitimidad popular. ¿Se imaginan algo así en Italia o Alemania? No, ¿verdad? Yo tampoco.
