El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Valencia ha dado la razón al empresario José Pastor en el recurso contra declaración de caducidad del PAI de Benimaclet que el promotor y dueño de Urbem interpuso hace dos años contra el ayuntamiento y al que se adhirió como propietaria de parte del suelo la familia de la ex concejala de cultura, María José Alcón, imputada en el caso Taula. Una sentencia de noviembre pasado, contra la que cabe recurso, restituye la condición de agente urbanizador a Urbem, declarando contrario a derecho el acuerdo del pleno del ayuntamiento de Valencia de septiembre de 2014 que declaró la caducidad de este plan urbanístico que prevé la construcción de varias torres de viviendas, así como la incautación de la fianza.
El juez entiende que la caducidad del plan urbanístico infringe el ordenamiento jurídico porque no fue notificada en tiempo y forma a los interesados y al agente urbanizador tal como exige la ley por una cuestión de seguridad jurídica.
El PAI de Benimaclet se adjudicó en 1995 a Urbem, Edival y Cobasa y lleva más de 20 años bloqueado con la consiguiente paralización de los equipamientos públicos, entre ellos, un parque de 17.673 m2 presupuestado en 450.000 euros. El principal motivo del bloqueo de este PAI ha sido el desencuentro entre Urbem y el ayuntamiento a cuenta del porcentaje de vivienda protegida. El consistorio elevó en 2003 el porcentaje de vivienda social del 20 al 50% una carga que la promotora planteó que fuera asumido entre todos los propietarios. La empresa acusó al ayuntamiento de bloquear la reparcelación y decidió acudir al juez cuando el ayuntamiento suspendió el PAI argumentando que la mercantil no había cumplido los plazos para presentar la reparcelación. «La situación supone un grave problema para la ciudad, porque mantiene paralizada la zona durante años y va a seguir igual al iniciarse este largo proceso jurídico», adviritó en su día el dueño de Urbem, José Pastor. Dos años más tarde, el juez le ha dado la razón en una sentencia que el ayuntamiento ahora gobernado por Compromís, PSPV y València en Comú, tendrá que acatar y que el próximo lunes pasará por la comisión de Hacienda.
El juez admite los argumentos esgrimidos por el promotor que alega falta de notificación de los acuerdos de suspensión, ausencia del informe del Consejo Superior de Urbanismo y de trámite de audiencia al interesado. El agente urbanizador adujo igualmente que no se superaron los plazos de presentación del proyecto de reparcelación dado que se dieron varias «prórrogas tácitas» ante las diversas solicitudes de cambios y modificaciones que pidió el ayuntamiento.
El consistorio, por su parte, asegura que si se dio trámite de audiencia al interesado, que presentó alegaciones, y aduce que no existe constancia de la solicitud de dichas prórrogas que debe realizarse de forma explícita y quince días antes de agotarse el plazo legal. El juez, en cualquier caso, da la razón al agente urbanizador en su reclamación contra la caducidad del PAI, sin condenar en costas al ayuntamiento, si bien desestima la petición del promotor contra la inadmisición a trámite del proyecto de reparcelación por parte del ayuntamiento por falta de motivación.
Reunión Pastor y Sarrià
José Pastor, cuya empresa entró en concurso de acreedores hace unos años, confió ayer en llegar a una solución negociada con el ayuntamiento y ya ha solicitado una reunión con el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarripa. «La solución depende el ayuntamiento y del mercado», aseguró Pastor quien explicó que el problema ya no es la VPO porque la de renta libre es ahora incluso más barata. El nuevo gobierno municipal quiere dar un giro incorporando las propuestas resultantes del proceso de participación ciudadana impulsado por la Asociación de Vecinos de Benimaclet, entre los que se incluyen los huertos urbanos. Los terrenos de este PAI llevan varios años funcionando, previo acuerdo con el urbanizador, como huertos urbanos.
