El Museo Marítimo, uno de los proyectos emblemáticos del alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha entrado en vía muerta. El plan de ajuste y la Ley de Racionalización del Ministerio de Hacienda impiden al ayuntamiento y a la Generalitat, principales impulsores del proyecto junto con la Autoridad Portuaria de Valencia, crear de una nueva fundación o empresa pública para poner en marcha y gestionar esta dotación multisede, una de cuyas ubicaciones es el antiguo edificio del varadero de la Marina Real Juan Carlos I.
El Museo del Mar, una dotación cultural con la cual el Govern de la Nau quiere dinamizar los barrios del Marítimo, no es el único proyecto hipotecado por el plan de ajuste, que impide crear nuevos organismos autónomos que eleven la deuda del ayuntamiento. El alcalde también quiere impulsar una empresa pública para gestionar los aparcamientos municipales, similar a la que funciona con éxito «y unos márgenes de beneficios incontestables» en Barcelona. Una empresa pública que a día de hoy no es factible por el citado plan de ajuste, como tampoco lo es la empresa pública de movilidad que quiere poner en marcha el concejal de Movilidad Giuseppe Grezzi.
La deuda que lastra las políticas del gobierno tripartito tiene su origen en 2011, cuando se hace la primera operación de financiación para el pago a proveedores por un montante de 62,6 milones de euros, de los que 31,5 corresponden a gastos realizados sin cobertura presuestaria, las denominadas facturas en el cajón. La operación, sin embargo, no consigue sanear la deuda con los proveedores y en 2012 se recurre a una nueva operación de crédito por valor de 183 millones de euros. El resultado de estas dos operaciones de crédito para pagar las facturas de los proveedores transformó una deuda comercial de 244 millones de euros en deuda financiera a largo plazo disparando en mayo de 2012 la deuda hasta los 1.046 milloens de euros, con un porcentaje de endeumiento del 148%, muy por encima del tope legal del 110%. Con esta situación y en plena época de recorte, el Ministerio de Hacienda obliga al «cap i casal», la tercera capital española más endeuda, a someterse a un plan de ajuste que se prolongará hasta 2022.
El plan de ajuste, asegura Ribó, «es una rémora para los gobiernos posteriores al que aprobó la medida». Se trata de un «corsé» que impide concertar nuevas operaciones de deuda y obliga a amortizar todos los años 80 millones de euros de deuda, priorizando el pago de la deuda frente a nuevas inversiones. Al someterse a ese plan de ajuste, los gestores del PP, aseguró Ribó, hipotecaron las inversiones de la ciudad a diez años vista. «Resulta paradójico que algunos todavía crean que la derecha gestiona bien la economía».
Ribó reclama ahora a Montoro que cancele el plan de ajuste porque la liquidación del presupuesto de 2015 y las cuentas de 2016 y de 2017 (que se aprobarán el próximo 22 de diciembre) confirman que el ayuntamiento «cumple plenamente» las condiciones del artículo 3 del Real Decreto 8/2014 para declarar no vigente el plan de ajuste al haber cancelado la deuda con el Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores. A día de hoy, afirma Ribó, el nivel de endeudamiento se ha rebajado al 110% y las facturas se pagan en 6.6 días frente a los 60 días de antes.
