La Conselleria de Medio Ambiente ya ha comunicado a la Junta de Desagüe de l'Albufera la obligación de obtener autorización previa en cada decisión que pueda modificar los niveles del agua del lago, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de la decisión.
La Generalitat responde así a la exigencia de aplicar unas medidas provisionales solicitadas por la Fiscalía Provincial de Valencia en el «procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por los daños causados al Parque Natural de l'Albufera» por el mal uso de las compuertas y estaciones de bombeo en las tres golas del lago: Pujol, Perelló y Perellonet. La intervención de la Fiscalía se produjo tras la denuncia del exalcalde de Silla, Francesc Baixauli, por los bajos niveles de agua en el lago que se alcanzaron a mediados de noviembre, aunque las lluvias torrenciales a finales de ese mes y durante diciembre permitieron a l'Albufera recuperar niveles máximos que no se veían desde hace años.
También se trata de una decisión histórica ya que la Junta de Desagüe ha decidido durante años de forma unilateral sobre los niveles del agua del lago, sin tener en cuenta los intereses de otros actores implicados en el lago como los pescadores o cazadores.
La Junta de Desagüe la componen los propietarios de tierras enclavadas en los antiguos lindes del lago y se regula por unas ordenanzas aprobadas el 29 de enero de 1926, durante la dictadura del general Primo de Rivera. Unas ordenanzas que la Fiscalía Provincial de Valencia considera «claramente preconstitucionales», ya que su contenido «se encuentra derogado por inconstitucionalidad sobrevenida en todo lo que se opone a la Constitución de 1978 y las exigencias de protección y sostenibilidad sobre el lago de l'Albufera, establecidas en la abundante normativa autonómica, estatal, europea e internacional» posteriores a la normativa de la entidad de los arroceros.
La Junta de Desagüe tampoco dispone de «concesión administrativa u otro título habilitante para la utilización privativa de las aguas u otros bienes del dominio público hidráulico», según comunicó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a la Fiscalía de Valencia. La obligación de la Junta de Desagüe de recabar autorización previa de la Conselleria de Medio Ambiente para actuar sobre los niveles de l'Albufera estará vigente mientras se tramite este procedimiento administrativo por responsabilidad ambiental y por un plazo máximo de seis meses, según ha podido saber Levante-EMV.
La autorización previa de la dirección general del Medio Natural podrá ser únicamente verbal en casos de emergencia en l'Albufera, por ejemplo cuando se superen los 45 centímetros en época de «perellonà» (el periodo de máxima inundación del lago) o los 20 centímetros durante el resto del año.
Negativa a facilitar datos
Otra obligación que impondrá la Conselleria de Medio Ambiente a la Junta de Desagüe será la de comunicar mensualmente a la Oficina Técnica del Parque Natural de l'Albufera toda la información referente al agua bombeada desde el lago al mar, así como las mediciones de los niveles del lago y de los canales de salida por las tres «golas». Una información que, durante años, los arroceros se han negado a facilitar al Ayuntamiento de Valencia, a pesar de que la presidencia del ente corresponde a la alcaldía de la ciudad que suele delegar en la concejalía de la Devesa-Albufera.
Las medidas provisionales de la Conselleria de Medio Ambiente también instauran unos niveles mínimos máximos de l'Albufera que servirán de guía a la hora de adoptar decisiones sobre la apertura de compuertas y la puesta en marcha las bombas y compuertas de las tres golas.
