La Policía Nacional desalojó ayer a seis «okupas» de dos viviendas municipales del Cabanyal. La operación, según fuentes municipales, se enmarca dentro de la mesa de coordinación integrada por la Policía Nacional, Local y Autonómica. Y el objetivo del desalojo, llevado a cabo por orden judicial, es rehabilitar estas viviendas municipales y convertirlas en pisos de alquiler social para familias sin recursos.

Las dos viviendas en cuestión están situadas en la calle La Reina, 131, y la calle Barracas, 138. Ambas se tocan por la parte de atrás y según distintas fuentes, es posible que estuvieran comunicadas entre sí.

Al parecer, los técnicos municipales ya habían intentado entrar en ambas para que los arquitectos pudieran hacer los proyectos de rehabilitación, ya que los dos inmuebles están dentro de los planes de rehabilitación de viviendas previstos para el barrio.

Los jóvenes que las ocupaban, sin embargo, impidieron la entrada de los técnicos y fue necesario recurrir a la vía judicial para conseguir ese desalojo. Una vez recibida la orden, agentes de la Policía Nacional, ayudados por la Policía Local, tal como se había acordado en la mesa de coordinación puesta en marcha por las tres administraciones públicas, llevaron a cabo el desalojo.

Fue sobre las siete y media de la mañana de ayer con gran despliegue por parte la Policía Nacional, aunque los seis jóvenes que había en el interior (una francesa y otra italiana) no opusieron resistencia. Inmediatamente atendieron a los requerimientos de los agentes y salieron del edificio para identificarse. Luego, eso sí, se les permitió entrar de nuevo, ya con familiares y amigos, para recoger sus pertenencias, operación que se prolongó a lo largo de toda la mañana. Finalmente, operarios del Ayuntamiento de Valencia tapiaron las entradas de ambos inmuebles.

Según Vicent Gallart, responsable de Plan Cabanyal, en los próximos días volverán los técnicos municipales para que los arquitectos hagan su trabajo y redacten el proyecto de rehabilitación. La idea es convertir estas viviendas en pisos de alquiler para familias con escasos recursos económicos, dijo Gallart, que insistió en el fin social de la operación. Por su parte, la concejala Anaïs Menguzzato, responsable de Protección Ciudadana, explicó que esta operación y las que probablemente se produzcan en las próximas semanas, fue acordada en la última reunión entre la Delegación del Gobierno, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. Es, por tanto, un ejemplo de la colaboración de los cuerpos policiales en el barrio.

Menguzzato explicó también que se trata de «recuperar esas viviendas y edificios municipales para dar servicio a los vecinos del barrio, que es, en definitiva, el objetivo de este nuevo gobierno».

En este sentido, el alcalde Joan Ribó se mostró satisfecho de la operación y reiteró el objetivo de la misma, que es rehabilitar viviendas sociales. A su juicio, es muy importante para el Cabanyal poner en marcha los planes de rehabilitación y destacó el hecho de que los desalojados no fueran familias, sino personas individuales que no tenían ese perfil social.

Alternativas para las familias

La idea del ayuntamiento es seguir recurriendo a los jueces para conseguir el desalojo de todas las viviendas municipales. En este sentido, Vicent Gallart quiso insistir en la diferencia que hay entre las familias que ocupan viviendas por necesidad y los jóvenes que las ocupan por motivos más bien ideológicos. Los desalojos afectarán a estos últimos y para las familias se buscarán alternativas en los servicios sociales, precisó.

Según sus datos, en el Cabanyal hay 27 viviendas «okupadas» en 12 edificios distintos. Por otro lado, hay 43 viviendas ocupadas por familias marginales. Y con otras ocupaciones, generalmente el consumo de droga, hay 11. En total, 81 viviendas municipales ocupadas ilegalmente.