El Ayuntamiento de Valencia fiscalizará a partir de ahora la gestión y las subvenciones de los 17 organismos periféricos municipales, con respeto a su autonomía, y homologará las condiciones de sus plantillas, tanto de accesos como de sueldos, con el objetivo de asegurar su «transparencia» y evitar «los problemas legales y económicos» del pasado. Así lo explicaba ayer el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en una rueda de prensa donde estuvo acompañado por el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, y en la que destacó que el Govern de la Nau quiere pasar en materia de entes públicos del modelo de los «reinos de taifas al modelo federal».
Así se quiere evitar que la mala gestión de estos organismos termine «en los tribunales», como ha ocurrido con la fundación Turismo Valencia y el caso Nóos, o con los graves agujeros económicos detectados en el Palacio de Congresos y «sobre el carácter público o no público de la Fundación Turismo Valencia, que nosotros hemos planteado, ya que el 90 % de sus recursos proceden del Ayuntamiento». La Junta de Gobierno Local aprobará hoy, en un punto extraordinario, la elaboración del Plan de Armonización y Homologación para los 17 organismos periféricos ya sean fundaciones, organismos autónomos municipales, sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales locales.
En concreto, el nuevo plan afecta a a seis organismos autónomos municipales (la Junta Central Fallera, el Palau de la Música, el Consell Agrari Municipal, la Fundación Deportiva Municipal, la Universidad Popular y el OAM Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardinería Municipal), cinco fundaciones (Turismo Valencia, Observatorio del Cambio Climático, InnDEA, Pacto por el Empleo y Fundación de la Comunidad Valenciana Policía Local de Valencia), cuatro sociedades mercantiles (Aumsa, EMT, Mercavalencia y Plan Cabanyal-Canyamelar) y dos entidades públicas empresariales locales (Palacio de Congresos y Mostra de València, esta sin actividad actualmente). Sobre el Palau de la Música, que el concejal de Hacienda planteó en el borrador del plan integrar con otros espacios culturales como el TEM, Las Naves y la Mostra, Vilar explicó ayer que se creará una comisión especial para definir cual es la mejor figura de gestión.
El plan de armonización somete a todos los organismos citados a la fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento. Además, se homologarán las condiciones de las plantillas y los salarios por cada categoría profesional y se fijarán las normas de retribución: ningún directivo cobrará más que un concejal del equipo de gobierno.
Ribó: «Somos gente seria»
El delegado de Hacienda, Ramón Vilar, defendía este plan como «un modelo de transparencia, de rigor y de control económico de los medios públicos», y recordaba que también desde las instancias europeas se insta al rigor en las administraciones periféricas. «No puede volver a haber problemas tan serios como los que hemos tenido. Nosotros», manifestaba Ribó, «somos gente seria, y en los temas de funcionamiento queremos gestionar seriamente».
Respecto a la reunión de alcaldes prevista para los días 16 y 17 del próximo mes de febrero, Ribó destacaba que se abordarán muchos temas de importancia para la gestión municipal, como la necesidad de disponer de una financiación adecuada y acorde a las competencias, o la capacidad de hacer uso con autonomía de los recursos públicos «más allá de los colores políticos», manifestaba. En cuanto a la iniciativa para que en los municipios se aplique el pago del IBI a las propiedades de las organizaciones religiosas que no estén dedicadas al culto ni a la atención social, el concejal Vilar ha defendido que en la actual sociedad «no puede haber discriminación fiscal por motivos de creencias religiosas», y ha señalado la necesidad de «abrir la vía legislativa para que no se produzca dicha discriminación, con la que, además», ha añadido, «la mayoría de los fieles de las distintas iglesias tampoco está de acuerdo».
