El alcalde de Valencia, Joan Ribó, acompañado del concejal de Hacienda, Ramón Vilar, hizo balance ayer del pasado ejercicio económico y a su juicio «la cosa ha ido bien», tanto que está en condiciones de iniciar «una campaña fuerte» para que el Gobierno de la nación le retire a Valencia el «corsé» del Plan de Ajuste.
En cuanto a la ejecución del presupuesto de 2016, el alcalde se mostró satisfecho, sobre todo si se compara con ejercicios anteriores. Según dijo, las inversiones, previstas en 73 millones y luego disparadas hasta los 134, se han ejecutado en un 66%, un porcentaje similar al de años anteriores pero con un montante de gasto muy superior. Si en 2013, 2014 y 2015 se gastaron 35, 52 y 62 millones respectivamente, el año pasado esa cifra subió a 89 millones. «Nunca se habían gestionado tantas inversiones como en 2016«, dijo.
Y en el cómputo general del presupuesto, es decir, incluyendo todos los capítulos (personal, gasto corriente etc.) la ejecución ha estado en un 90%, una cifra que considera «muy interesante».
Ribó cree que el porcentaje de ejecución de las inversiones podría haberse acercado más al cien por cien si no se hubieran dado dos circunstancias, una ajena y otra propia. La ajena es que hay una importante falta de personal en todos los servicios y se crean «cuellos de botella» en las tramitaciones. Por eso se ha creado una tercera mesa de contratación pensando en el Cabanyal.
La propia es que el año pasado hubo por primera vez presupuestos participativos y eso demoró su aplicación hasta el verano.
Pago a proveedores en 2 días
Otro dato positivo es que la cuenta 413, donde van las facturas impagadas, han bajado de los 42 millones de 2013 a los 5,6 del año pasado. Y está especialmente orgulloso, finalmente, de haber bajado el periodo de pago a proveedores a 2,7 días en el mes de diciembre, un buen dato que además es sostenido en el tiempo, pues en el último cuatrimestre la media fue de 4,5 días, dijo.
Con estas cifras, Ribó cree que Valencia está en condiciones de pedir al Ministerio de Hacienda su salida del Plan de Ajuste, un «corsé» que acabará en 2022 y que impide al Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, que se pueda crear una fundación para gestionar el Museo del Mar; formar parte de la Entidad Metropolitana de Transportes; o gastar el superávit en contratar a personas paradas. Es, además, «cuestión de orgullo».
Para conseguir su propósito, la idea es poner en marcha «una campaña muy fuerte» ante el Ministerio de Hacienda. Además de las peticiones desde Valencia, tiene previsto movilizar a los grupos políticos en el Congreso y abordar este asunto en las Jornadas Municipalistas por una Financiación Justa.
Ramón Vilar añadió que el ayuntamiento cumple con los niveles de deuda exigidos „en 2017 acabará en 585 millones„ y con la regla de gasto, por lo que negar su salida del plan de ajuste sería un ataque a la «sagrada« autonomía municipal.
En respuesta a este balance, el portavoz del PP, Eusebio Monzó, aseguró que el alcalde «tiene mucha jeta por presumir de unos buenos datos económicos, que se deben a la gestión del Partido Popular y al buen ritmo de la economía». Monzó mostró también su preocupación ante el posible abandono del Plan de Ajuste, que «tan bien ha funcionado».
