La concejalía de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València ha iniciado, a través de la empresa Aumsa, los trámites para revocar la adjudicación del derecho de superficie de un conjunto de parcelas municipales destinadas a la construcción de 900 viviendas de protección pública en distintos barrios de expansión urbana que no se han desarrollado. La cesión fue adjudicada en 2011 a as promotoras Gesfesa (familias Ferrando y Quesada) y Valencia Constitución, únicas aspirantes.
El plazo para la construcción de estas viviendas caducó el año pasado tras agotarse la prórroga y ahora el ayuntamiento ha iniciado los trámites para rescatar, sin tener que pagar indemnizaciones, la propiedad del suelo cedido a las citadas empresas por un periodo de casi un siglo (99 años).
La cesión del derecho de superficie fue la fórmula que ideó el anterior gobierno del PP, durante la etapa de Jorge Bellver como concejal de Urbanismo, ante el parón en la construcción de viviendas baratas en la ciudad.
La fórmula consistía en ceder el suelo durante un largo periodo de tiempo para que los promotores construyeran y explotaran las viviendas de VPP en régimen de alquiler. A cambio, pagarían un canon del 3% del valor del suelo al consistorio. La fórmula, sin embargo, ha pinchado y casi seis años después ni se han ejecutado las viviendas ni el ayuntamiento ha ingresado un euro por el canon.
Los dos paquetes de pastillas de suelo en Patraix, Moreras y Quatre Carreres se adjudicaron, en plena crisis, a Costa Azahar Construcciones (Gesfesa) y a Promociones Valencia al Mar (Construcciones Valencia Constitución), que fueron los únicos grupos que se presentaron a la licitación del suelo, realizada a través de la empresa municipal Aumsa.
Actuaciones Urbanísticas Valencia al Mar se adjudicó cinco parcelas en el barrio de Patraix y Costa Azahar, una en Quatre Carreres. En ambas parcelas estaba prevista la construcción de unas 400 viviendas sociales.
Cesión a un siglo
Las mismas empresas se quedaron cuatro parcelas en Patraix. Además Gesfesa se adjudicó otros dos terrenos en el PAI de Camino de las Moreras, al lado del PAI del Grao, donde Gesfesa también tenía parte de la propiedad del suelo a través de la sociedad Acinelav. En total fueron 900 viviendas sociales en alquiler las que se adjudicaron por esta fórmula.
Las parcelas tienen entre 2.500 y 499 m2 de superficie y su valoración oscilaba en su día entre los 2,4 millones de euros y los 493.000 euros. Las empresas adjudicatarias debían abonar un canon anual al Ayuntamiento del 3% del valor de cada solar.
La fórmula de la cesión del derecho de superficie, prevista en el artículo 267 de la LUV, tenía como objetivo evitar la especulación puesto que el aumento del valor del suelo supondría un beneficio para la administración local, al tiempo que permitía que Aumsa recuperase la propiedad del suelo 99 años después.
Las fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano consultadas avanzaron que ya se ha llegado a un acuerdo con Gesfesa para recuperar el suelo de Moreras y hay un principio de acuerdo con la misma empresa en relación al PAI de Quatre Carreres.
Más complicado está el cierre del acuerdo con Costa Azahar, al encontrarse la empresa en concurso de acreedores. Urbanismo asegura que en ningún caso está en riesgo la propiedad del suelo y confía en poder rescatar el suelo para desarrollarlo lo antes posible y hacerlo sin coste económico para las arcas municipales.
Una vez rescatadas todas las parcelas, el ayuntamiento las volverá a licitar para hacer viviendas públicas de alquiler.
