Un juzgado de València ha fallado a favor de un vecino de Benifaraig que lleva tres años sin pagar el agua porque no reconoce a Emivasa (Empresa Mixta Valenciana de Aguas) como la legítima concesionaria del servicio, sino a la cooperativa que lo ha tenido en las últimas décadas y a la que se lo retiró el ayuntamiento de la capital hace tres años. El magistrado indica que existen dudas sobre la titularidad de ese servicio y por tanto no autoriza a la empresa de aguas a cortarle el suministro ni a cobrarle los 605 euros que debe, como era su pretensión.
Para entender este problema hay que remontarse tres años atrás, cuando la Generalitat Valenciana dio de baja a la cooperativa Les Llosetes, que tenía la concesión del agua para las pedanías de Benifaraig, Borbotó y Carpesa, unos 1.500 clientes. A raíz de esa decisión, el Ayuntamiento de València tomó las instalaciones del Pozo San Isidro, del que se obtenía el agua, y encargó el servicio a la empresa de aguas de València.
Eso provocó una revuelta vecinal en las pedanías y una rebelión de decenas de vecinos que se negaron a pagar el agua a la nueva empresa. Y paralelamente, los vecinos reclamaron la tutela del pozo y la concesión del servicio a través de la Cooperativa de Riegos Pozo San Isidro Labrador, que es la titular del manantial y la que sigue teniendo la concesión gracias a una renovación del año 1989.
Eso no ha impedido que Emivasa siga adelante con el suministro y reclame a los «rebeldes» el pago de la factura, llegando incluso a la vía judicial. Pero de momento, los tribunales no le han dado la razón.
La empresa reclamó al juzgado un permiso para cobrar a un vecino de Benifaraig los 605 euros que debe de 14 facturas y acceder a su contador para cortar el suministro, cosa que no puede hacer de manera automática al considerarse un bien de primera necesidad.
Recordaba la empresa que la concesión le fue retirada a Les Llosetes y que el ayuntamiento le había encargado a ellos el suministro, además de que el citado vecino habría firmado un contrato aceptando a la nueva suministradora.
Por contra, el afectado recuerda que la concesión es del Pozo San Isidro Labrador desde 1960 y que fue renovada en 1989, concesión que sigue vigente hoy en día. Además, asegura que no ha firmado ningún contrato con la empresa de aguas, como aseguraba ésta.
Las dudas del juez
En tales circunstancias, el juez destaca el procedimiento por el que el ayuntamiento retiró la concesión a la cooperativa Les Llosetes, pero de la misma forma pone en valor un documento de la Confederación Hidrográfica del Júcar del año 2014 en el que certifica que el Pozo San Isidro Labrador tiene la concesión para 75 años, es decir, que la concesión sigue viva.
Así pues, tiene dudas sobre la titularidad del suministro y asegura que en esas concesiones no puede autorizar a cortar el agua a este vecino. Eso sí, insta a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de València a resolver el conflicto.
El juez también impone las costas a la empresa de aguas y da por cerrado el caso en vía judicial.
Se calcula que en las tres pedanías hay unas 50 viviendas que tampoco pagan el agua. Y son más de un centenar las familias que ponen dinero mensualmente para aguantarle el pulso al Ayuntamiento de València.
