La Delegación de Gobierno dejó clara ayer su «predisposición» para tramitar la petición del Ayuntamiento de València de instalar cámaras de seguridad en el entorno de los edificios históricos y catalogados como Bien de Interés Cultural de la ciudad, y ve con buenos ojos esta iniciativa «si es para velar por el patrimonio».
Fuentes de la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, que esta liderada por Juan Carlos Moragues, aseguraron que por su parte «no hay problema en que se instalen» y están en la línea de autorizar esta iniciativa, aunque advierten de que lo importante es la decisión que tome la Comisión de Videovigilancia a través del informe de valoración que emitirá tras la propuesta, porque será un documento «preceptivo y vinculante», indicaron las fuentes.
Esta comisión la convoca el Tribunal Superior de Justicia y está liderada por su presidenta, Pilar de la Oliva, quien está acompañada por la Fiscal Jefe, Maria Teresa Gisbert. Además, la comisión que hará la evaluación también contará con un representante de la Federación Valenciana Municipios y Provincias, con dos abogados del Estado y con la secretaria general de la Delegación de Gobierno, que actuará como secretaria de la misma. La delegación será la encargada de transmitir al Ayuntamiento la resolución del informe conforme al dictamen de la comisión.
Requisitos a tener en cuenta
El Ayuntamiento tendrá que justificar con argumentos de peso la necesidad de instalar estas cámaras en la vía pública para que la comisión se muestre favorable. «La petición tendrá que alegar los actos vandálicos que han sufrido los inmuebles que quiere proteger y el carácter de patrimonio histórico que tienen», señalaron desde Delegación. De hecho, tanto el Mercat Central como la Iglesia de los Santos Juanes y la Lonja cuentan con el certificado de Bien de Interés Cultural.
Sin embargo, la comisión se regirá por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, de la Agencia Española de Protección de Datos, el ente que regula la instalación de estos dispositivos. En el caso de las videocámaras en la vía pública, serán competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde la Delegación instaron a tener en cuenta la importancia de limitar el horario de grabación, porque tal como indica la ley, la utilización de videocámaras está presidida por el principio de proporcionalidad, donde se tiene en cuenta la idoneidad de la grabación (que cumplan el fin de vigilancia para el que han sido instaladas) y la intervención mínima en el derecho a la intimidad,a la imagen y al honor de los ciudadanos en la vía pública.
Por ello, la Delegación indicó que «no tiene la misma incidencia en la intimidad de las personas una cámara que graba las 24 horas del día que una que comienza a grabar cuando oscurece». Además, según las disposiciones de la Agencia de Protección de Datos, las imágenes tendrán un tiempo de conservación establecido, tras el cual serán destruidas, y las zonas videovigiladas serán señalizadas para la información de cualquiera.
No hay un plazo establecido para resolver la petición. Si se aprobara, será competencia del Ayuntamiento ejecutar la instalación de las cámaras.
