«oco ético, de difícil encaje jurídico e inoportuno». Así califica la oposición del Ayuntamiento de València la decisión del equipo de gobierno municipal de poner una paga durante dos años a aquellos concejales con funciones ejecutivas que al dejar sus puestos se vean afectados por la ley de incompatibilidades. En los próximos días, de hecho, presentarán alegaciones al nuevo Reglamento del Pleno, que es donde se incluye esa medida y que ahora se encuentra en periodo de información pública.

Según explicó Eusebio Monzó, portavoz del PP, «esto no se ha hecho nunca ni siquiera en la administración autonómica», pero es que además presenta serias dudas jurídicas que los populares ya están estudiando para incluir en sus alegaciones. «Esta prerrogativa está recogida por la Ley 3/2015, de 30 de marzo reguladora del alto cargo de la Administración del Estado en el artículo 8, pero no vemos que pueda tener un encaje ni jurídico ni ético sobre el alcalde y los ediles del tripartito, porque está pensada para aquellos altos cargos y funcionarios que al dejar su responsabilidad como gestores pudieran verse perjudicados cuando intenten retomar una carrera profesional debido a la responsabilidad que anteriormente hayan desempeñado en la administración pública», explica el portavoz popular, que advierte, además, que esta disposición «ha quedado reflejado en el reglamento de una forma que parece un blindaje: Parece que están pensando que en las próximas elecciones se van a ir», añade.

Por otro lado, el portavoz popular no considera ética una medida como ésta. «¿A santo de qué van a cobrar dos años de sueldo cuando dejen los cargos?», se pregunta Monzó, quien recuerda que él es el único concejal con dedicación parcial y que «la gente lo que quiere es que no se utilice la política como medio de vida».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner , apuntaba: «Parece que Ribó sabe que no va a ganar y quiere implantar esta medida a costa del presupuesto municipal y de los impuestos de los valencianos. Y desde Cs no lo vamos a permitir, y menos después de escuchar la intervención de Ribó sobre este punto en el pleno». «Por otra parte insistimos, en que el alcalde se someta a las sesiones de control tal y como se comprometió a través del programa electoral de Compromis y el acuerdo de gobierno de la Nau Valencia. Ha sido una de nuestras alegaciones al Reglamento del Pleno y el alcalde se ha negado», insistía Giner.