El alcalde de València, Joan Ribó, anunció ayer que el grupo municipal de Compromís presentará una propuesta de alegación para «mejorar, modificar o cambiar» el apartado del reglamento del pleno relativo al sueldo que pueden cobrar los exconcejales que incurrirían en incompatibilidades para trabajar en el sector privado una vez dejen el consistorio, para evitar que se «malinterprete». «Vamos a proponer su modificación porque se presta a ser malinterpretado», reiteró el primer edil, tras la noticia publicada por Levante-EMV en su edición del jueves.

El nuevo reglamento del Pleno, que en la actualidad se encuentra en periodo de información pública, prevé una paga durante dos años para aquellos concejales del equipo de Gobierno que se vean afectados por la ley de incompatibilidades al abandonar sus cargos. Ayer, por tanto, Ribó se vio obligado a dar explicaciones y lo hizo anunciando una revisión del texto por la vía de una alegación de su propio grupo municipal. El alcalde explicó que el reglamento anterior es de finales del año 2011 o principios de 2012 y «en 2015 se hizo una ley a nivel estatal contra las puertas giratorias», que incluye medidas destinadas a los gobiernos locales y con la que Ribó dijo estar «completamente de acuerdo».

«Parece importante que un concejal que haya tenido determinadas tareas relacionadas con empresas no pueda durante dos años ejercer un cargo en la vida privada», opina. Sin embargo, añadió, «esto no supone alargar dos años el salario en modo alguno», «para algunos, como en mi caso, porque tengo mi pensión cerrada en un paréntesis que abriré el día que me vaya, pero para otros en ningún momento queremos plantear esto», precisó.

Así pues, el alcalde anunció que su grupo, Compromís, presentará al resto de socios del equipo de gobierno local -PSPV y València en Comú- una propuesta de alegación para «mejorar o modificar este apartado», porque «en ningún momento queremos dar la sensación que puede parecer».

El objetivo de este cambio en el reglamento, añadió el primer edil, era «prevenir que una persona como consecuencia de esto (las incompatibilidades) no pueda trabajar, pero si esto se entiende mal lo evitaremos y en cualquier caso vamos a proponer su modificación porque se presta a ser malinterpretado». De este modo, pese a que ha insistido en que «es una consecuencia directa de una ley del Estado y se transcribió de algún modo», ha zanjado: «Si se ha malinterpretado, lo modificaremos».