Los habitantes de la zona de Tres Camins lo han perdido casi todo. Por perder han perdido incluso su pertenencia histórica a Pinedo, ya que un cambio administrativo los convirtió por orden funcionarial en vecinos de La Punta. El origen de todos los males fue la dramática riada del 1957 que sufrió el «cap i casal». Pero la tromba que lo se llevó todo por delante les llegó a ellos unos años más tarde. La Madrid franquista diseñó el Plan Sur para desviar el cauce del Turia por fructíferas tierras de regadío y huerta milenaria. Comenzó el expolio y el éxodo continuado, una destrucción total de un modo de vida: el faraónico desvío del río, la construcción de autopistas, la depuradora, Mercavalència y la ZAL, la última puntilla a la València del sur.
La construcción de la depuradora solo ha sido uno más de los despropósitos que han tenido que soportar los vecinos de Tres Camins, y también para aquellos que viven en una zona de La Punta amputada por las vías. Unas 100 alquerías que han ido perdiendo a sus inquilinos ante los varapalos que permitía la Administración. Unas cuarenta familias resisten en el entorno, aunque solo 18 decidieron jugarse su dinero y su orgullo en busca de justicia. La planta de Pinedo se hizo saltándose la ley y los derechos de los ciudadanos que viven pegados a ella, algunos a poco más de tres metros de las instalaciones. El 30 de junio de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sentenció que la depuradora de Pinedo, en su fase 3, era ilegal y por lo tanto debía clausurarse. Curiosamente el fallo no se hizo público hasta enero de 2017. Otra puñalada más en el largo camino de la desesperación. Pero los 18 de Pinedo habían ganado. Y vaya si habían ganado. Han puesto contra las cuerdas a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de València que, tras dos años de sin hacer nada ni proponer ninguna solución a los afectados, se encuentran ante una orden de cierre inminente de las instalaciones.
El Ayuntamiento de València dice que cerrar la depuradora es imposible por el daño medioambiental que se produciría. Ahora la Generalitat Valenciana ha propuesto desarrollar un Plan Especial dotado con 25 millones de euros para subsanar las deficiencias. Pero nadie habla de resarcir el daño a los vecinos afectados. Los próximos días serán cruciales. Si el juez acata la ejecución de la sentencia (como han exigido los vecinos) se abre un abismo desconocido para las administraciones, que deberían reaccionar con diligencia para que los afectados paralizaran el cierre. La oferta ha de ser razonable y reparadora, tanto desde el punto de vista económico como moral. De no proponerlo, la guerra seguirá abierta porque los afectados no están dispuestos a enterrar 40 años de lucha.
