El Juzgado de Primera Instancia número 4 de València ha desestimado una demanda del responsable de Transparencia de la Diputación provincial y concejal, Roberto Jaramillo, de València en Comú, contra el asesor del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento Luis Salom, por vulneración del derecho al honor en unos tuits que publicó sobre su renta.

La jueza considera que el cargo público que ostenta el diputado lleva a que "deba soportar las críticas, aunque sean pertinaces y le parezcan infundadas". Así consta en una sentencia de este 3 de diciembre en la que la magistrada desestima la demanda de Jaramillo a Salom e impone las costas del proceso al diputado. Contra la sentencia cabe recurso de apelación en un plazo de 20 días.

En su demanda, Jaramillo aseguraba que Salom había vulnerado su derecho al honor y le había causado "un daño efectivo en la imagen, prestigio y carrera profesional" en unos tuits publicados por el asesor del PP. Por ello, solicitaba una indemnización por daños y perjuicios de 5.000 euros y la publicación en la misma red social, Twitter, en igual horario y día de la semana, de mensajes de disculpas.

En concreto, Jaramillo se refería a unos tuits de Salom en los que el asesor 'popular' se preguntaba 'Conoce a alguien, además de @Berto_Jaramillo con cero euros y cero deudas?'; 'Luego se da cuenta y un mes después @Berto_Jaramillo presenta otra con 200€'; 'El problema de @Berto_Jaramillo es la falta de transparencia y la mentira, no el importe'; 'Lo único demostrado es la mentira de @Berto_Jaramillo'.

La magistrada explica en su escrito que el demandante no discutía en su demanda el hecho de que aparecieron en fechas próximas dos publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia referidas a declaraciones de patrimonio de Roberto Jaramillo "con contenido diferente". En la primera se recogía como dato en 'Valor Total d'Altres Béns' la cantidad de cero euros, mientras que en otra, en el mismo apartado, la cifra anotada era de 200 euros.

Así, en lo referente a los tuits de Salom, la jueza indica que el primero de ellos "no pasa de ser una pregunta sarcástica que desde luego no puede aceptarse se limite por parte de quien debe procurar, en su condición pública y política, que exista una amplia libertad de expresión para favorecer el ejercicio sano del debate en una sociedad libre y democrática, máxima a través de un medio de difusión social en el que, el mismo que lo realiza, permite una respuesta inmediata".

Sobre la segunda publicación, apunta la sentencia que "no hace más que constatar la diferencia de lo publicado en el Boletín, información veraz según se reconoce por el letrado del demandante". Además, se insiste en que la red social ofrece la posibilidad de que Jaramillo hubiese ofrecido una "explicación clara del porqué de la diferencia aparecida en los dos boletines".

En cuanto a los tuits restantes, expone la magistrada que contienen un "reproche directo" a la actuación de Jaramillo "al tacharlo de mentiroso", pero las expresiones empleadas por Salom "no pueden considerarse en el ámbito de la crítica política como excesivas o insultantes, aun cuando puedan entenderse por el afectado injustificadas, inveraces e hirientes".

También citaba Jaramillo en su demanda términos como 'vergüenza', 'ladrón', o 'bárcenas', pero precisa la jueza que no puede aceptarse que produzcan un "impacto negativo" en el honor del diputado provincial porque, según consta en uno de los documentos incorporados a la causa, "van referidas al señor Salom", quien "en el ámbito de la crítica que realizaba y del debate que abría, se vio expuesto al reproche y la descalificación que se le realizaba por otros usuarios de la red".

Igualmente, la titular de este juzgado valenciano argumenta que la condición de Jaramillo, político con cargo público, lleva a que "deba soportar las críticas, aunque sean pertinaces y le parezcan infundadas, de modo que en el conflicto entre el derecho al honor y el de la libertad de expresión prevalezca esta frente al primero".

"Y su cargo de delegado de Transparencia lleva aún más a aceptar que su actuación personal en el ámbito patrimonial sea objeto de mayor control y crítica", concluye.