La autorización municipal depende de un informe que está elaborando la concejalía de Mobilitat Sostenible que determinará cuántos vehículos de los diferentes modos de movilidad compartida puede soportar la ciudad. La cuestión no es baladí, porque solo las siete empresas de «motosharing» que ya operan en València (sin tributar por ello, de momento), han llenado la ciudad de cientos de motos que ocupan un considerable espacio de aparcamiento en la vía pública.
