Pese a las reticencias de ciertos vecinos y vecinas del barrio de la Isla Perdida, en Algirós, la asamblea celebrada el pasado martes finalizó con la aprobación del cierre definitivo de la asociación vecinal de la Isla con 34 votos en contra y 35 a favor. Un voto de diferencia que permitirá el cierre de una asociación con cincuenta años de historia.
El vecindario en contra del cierre de la asociación dice no considerar válida la causa expuesta por la junta directiva. Y es que, según se explica en el documento de impugnación presentado ayer mismo al órgano competente para la gestión de las asociaciones y fundaciones (dependiente de la Conselleria de Justicia), el motivo de la junta directiva para disolver la asociación era que, según explican los vecinos, se sentían «acosados» por los grupos que llegaban cada segundo martes de mes (horario de atención de la asociación) para solicitar ser socios de la entidad.
Este motivo, reconocen varios vecinos de Isla Perdida, «no figura en los estatutos de la asociación para justificar la propia disolución», ya que, según el artículo 22 de la Constitución, solo podría hacerse en caso de una baja masiva de las personas asociadas «de forma que queden reducidas a menos de tres», cuando «concurra cualquier otra causa legal» o «por sentencia judicial firme».
También denuncian que, en caso de que el motivo estuviese justificado, tampoco se cumplió con el plazo mínimo exigido por ley (15 días) para la comunicación de la asamblea en la que se vote la disolución de la asociación. Denuncian, pues, que la comunicación para acudir a la asamblea del pasado cuatro de junio se realizó el jueves 23 de mayo (con 13 días de diferencia).
Es por ello que varios vecinos del barrio de la Isla Perdida convocarán para mañana una reunión a las siete de la tarde en la que poder impugnar el cierre de la asociación, pues la conselleria les advirtió que no era competencia suya. Esa es la causa por la que han decidido acudir a los juzgados.
