El recurso interpuesto por el colectivo Per l'Horta contra la aprobación para la Generalitat del Plan Especial de la Zona de Actividades (ZAL) del Puerto de València sobre el suelo de la huerta protegida fue admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia el pasado 27 de febrero y la "administración autonómica está demorando la remisión del expediente completo que permitirá dar curso al procedimiento judicial", denuncian desde la asociación.
Por este motivo, Per l'Horta se ha dirigido recientemente el TSJ solicitando que se reclame a la Conselleria de Política Territorial que se complete el expediente administrativo para poder formalizar la demanda contra la ZAL, una operación que supuso la reclasificación de más de 700.000 metros cuadrados de suelo agrícola especialmente protegido y que ya fue dos veces anuladas por decisiones judiciales. La primera por sentencia del Tribunal Supremo del 17 de junio de 2009 y la segunda por el propio TSJ en su sentencia del 13 de marzo de 2013, confirmada de nuevo por el Tribunal Supremo por Sentencia del 25 de mayo de 2015.
Según el portavoz del colectivo ciudadano, "es incomprensible que con estos antecedentes judiciales y existiendo la admisión a trámite del recurso por el TSJ, la Autoridad Portuaria no haya paralizado el concurso para la adjudicación de las parcelas de la ZAL". Aunque solo sea, señalan, "por un elemental principio de cautela con el objetivo de no perjudicar intereses de posibles empresas interesadas". Peor les parece la aptitud "poco colaborativa de la conselleria" al "demorar la remisión del expediente reclamado por el TSJ, retrasando así la formalización de la demanda".
Advierten desde la plataforma, que su recurso continuará adelante y que si la Autoridad Portuaria mantiene la posición de no paralizar (al menos) "cautelarmente" la ZAL y la sentencia acaba siendo favorable a la huerta (como ya ocurrió con las otras dos sentencias anteriores), la Conselleria de Territorio "abocará a las potenciales empresas inversoras a un futuro incierto", dado que el proyecto "podría quedar paralizado definitivamente en un corto período de tiempo".
Y es que las parcelas de la ZAL (que llevan desocupadas desde hace casi veinte años) están saliendo a concurso en la modalidad de derecho de superficie, no en compraventa. Esto significa que las empresas interesadas tendrán que abonar un canon mensual, durante un período mínimo de quince años, a más de costear la construcción de las edificaciones e instalaciones que precisan para el desarrollo de la actividad. Todo ello en una situación jurídica de "absoluta inseguridad", ya que el contencioso presentado por Per l'Horta sigue adelante.
La plataforma espera obtener la paralización judicial de cualquier intento de construir en la ZAL mientras se sustancia el procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia e insiste en reivindicar que los terrenos vacantes que integran la calificación de "ZAL fantasma" sirven como elemento de conexión verde entre el cauce del Túria y l'Albufera, así como en defender la recuperación para uso público de esos terrenos mediante un acuerdo entre las administraciones implicadas y la sociedad civil.
