En casa de Esperanza todo el mundo vive de su pensión de 420 euros. Su hijo, su hija, su yerno y su nieto de 16 semanas. «Mi hija fue ayer a Servicios Sociales a pedir una ayuda para leche y pañales, porque no tiene ingresos, y le dieron una cita para que volviera dentro de dos meses». Esta vecina de Torrefiel vive de alquiler social, aunque confiesa que, sin la ayuda de «El Puchero» (el comedor comunitario), no podría salir adelante. El caso de Esperanza es tan solo uno de los que han propiciado la creación de Orriols en Bloc, una plataforma vecinal que tiene menos de un mes de vida, pero que nació de la urgencia de una situación de vulnerabilidad social desbordante en uno de los barrios más olvidados de València.
Anua Spain SLU, Holding Spain, Cerberus, Intrum, son algunos de los fondos de inversión que están comenzando a gestionar gran parte de las viviendas del barrio. Ante esta situación de desigualdad acuciante, el punto central sobre el que actúa la asociación son las afectadas por desahucios. Según Neus Berenguer, portavoz de la plataforma, «la situación del distrito de Orriols es preocupante y muy grave». Este barrio es uno de los que mayor población migrante tiene de València, y aunque la convivencia multicultural es buena, gran parte de sus vecinos se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y con dificultad para acceder a una vivienda digna. Ante unos Servicios Sociales que se encuentran desbordados en el barrio, esta plataforma se ha erigido como alternativa para muchas personas afectadas. «Hará un mes que decidimos asumir que ya estábamos en activo, y desde entonces, no ha parado de venir gente nueva a cada asamblea», apunta Berenguer.
El origen humilde del distrito y la desatención de las autoridades han alimentado durante años la vulnerabilidad en el barrio. «La situación actual en Orriols es que hay mucha gente con vulnerabilidad social que se ha visto obligada a okupar pisos», sostiene Arturo Peiró, miembro de Orriols en Bloc y activista de la PAH. «Algo tan simple como un alquiler social proporcional o un empadronamiento es una yincana entre las administraciones públicas, que lo convierte en un trámite muy difícil de conseguir», señala. Los bancos se olvidaron de la gran mayoría de inmuebles del barrio durante años, pero ahora las entidades financieras están empezando a vender pisos a fondos buitre y son estos los que están echando a la gente a la calle. Hace tan solo 7 meses, el fondo sueco Intrum llegó a un acuerdo con Solvia para comprar el 80% de la inmobiliaria propiedad del Sabadell. Desde la PAH inciden en que los fondos de inversión no negocian: «El fondo buitre simplemente quiere pisos vacíos, no mira a quien desahucia, solo buscan subir el alquiler».
Durante la entrevista, cerca de la Asociación sociocultural evangélica de Barona, Arturo Peiró saca una bolsa de tela llena de documentos, en su mayoría solicitudes para acceder a una vivienda social. «Ahora tengo a dos familias que están de okupas y lo único que quieren es conseguir un alquiler. La mujer cobra 800 euros, con eso no puedes pagar 500 de un arrendamiento, si encima tienes dos niñas pequeñas como ella? es inasumible». La plataforma vecinal afirma que existen muchos casos en el barrio víctimas de un doble desahucio: «Primero por el banco, y ahora el desahucio del alquiler social por el fondo buitre».
Precios de alquiler inasumibles
Otra de las tareas de Orriols en Bloc también es la de denuncia: «El problema de los desahucios por el precio del alquiler es que son un proceso invisible. La mayoría de personas hemos asumido que es normal que te suban 100 o 200 euros de alquiler de repente, pero queremos crear conciencia de que eso no es lícito y hay que denunciarlo. Es fundamental asegurar el derecho a la vivienda». La mayoría de desahucios en el barrio afectan a gente que está okupando y cuyo único deseo es acceder por la vía legal a un alquiler social. La portavoz, Neus Berenguer, lo resume así: «El principal problema en Orriols es que se condena a la gente que está okupando a la marginalidad y la ilegalidad».
