La regeneración de las playas del norte, la popular Malva-rosa y el Cabanyal, con dunas artificiales que mitigue el basculamiento de la arena es una de las nuevas medidas compensatorias que la ciudad tiene previsto reclamar al puerto, al que desde hace unos años se le acumulan las exigencias del ayuntamiento. El alcalde, Joan Ribó, de Compromís, ha mantenido desde 2015 un tono crítico y reivindicativo hacia proyectos de gran calado para el puerto, como la ZAL, la nueva terminal de cruceros y las obras de la macroterminal de contenedores de 138 hectáreas en la ampliación norte.
La Zona de Actividad Logística (ZAL), anulada parcialmente por sentencia judicial por no cumplir uno de los trámites ambientales preceptivos, fue el primer punto de desencuentro entre el ayuntamiento y el puerto. El apoyo del alcalde al nuevo plan especial de la ZAL que la Generalitat impulsó durante la pasada legislatura para regularizar la millonaria zona logística del puerto (construida, previo desalojo de decenas de familias, sobre la huerta productiva de la Punta) era decisivo. Para garantizarlo, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, cuya gestión se ha caracterizado por un talante más dialogante con la ciudad que los anteriores gestores portuarios, puso sobre la mesa varias medidas compensatorias.
Se acordó impulsar en los terrenos industriales de Moyresa y Benimar, en la frontera con Natzaret, una gran zona verde (donde además se instalará la nueva ciudad deportiva del Levante UD) que conectaría con el futuro parque de desembocadura y con un corredor verde que atravesaría la ZAL hasta conectar con el Saler. El plan especial de la ZAL, aprobado en 2018, incluyó mejoras ambientales pero sin llegar a la reversión del 50% de la ZAL como pedía Ribó al inicio del mandato.
El alcalde ha acabado reconociendo que recuperar los terrenos urbanizados en la ZAL para uso agrícola es inviable, algo que le ha valido las críticas de los vecinos de la Punta que en su momento, aunque sin coste político, a tenor de los resultados electorales en esta pedanía, donde ganó Compromís.
Tras el pulso por la ZAL, el traslado de la terminal de cruceros a un muelle más cercano a la ciudad anunciado por el puerto, supuso un nuevo encontronazo entre Ribó y Aurelio Martínez. El alcalde rebajó las criticas tras el compromiso del puerto de instalar una central eléctrica para abastecer a estos grandes buques durante su estancia en puerto y evitar así que tengan que mantener en marcha los motores diesel, altamente contaminantes.
Con la convocatoria de nuevas elecciones a la vista, tanto el alcalde, como la conselleria de Emergencia Climática, Mireia Mollá, han elevado el tono crítico con el puerto. Las obras de la ampliación norte, a las que en un principio Joan Ribó no se opuso por entender que era un proyecto prácticamente ejecutado, han vuelto a encender la mecha.
El informe jurídico recabado por el alcalde sobre las obras de la ampliación, ante las presiones de algunos colectivos como Terra Crítica, determinan que las obras de la nueva terminal de 138 hectáreas prevista en los diques de la ampliación supone cambios sustanciales sobre el proyecto original, amparado por una declaración de impacto de 2007. Una DIA que ahora Ribó, con apoyo de la conselleria de Emergencia Climática, reclaman al ministerio que sea revisada. Las compensaciones que el puerto ha puesto ahora sobre la mesa, entre las que se incluyen, un estudio independiente sobre el impacto global (económico, ambiental y de movilidad) del puerto y varias comisiones de trabajo para dar más participación a los ciudadanos y colectivos ecologistas en la toma de decisiones del puerto tampoco son suficientes para Ribó, que insiste en someter el proyecto a una nueva DIA.
