El alcalde de València Joan Ribó se ha comprometido a revisar las multas a tres voluntarios del Cabanyal por repartir comida, en los primeros días de la pandemia, a más de 80 personas, en una actividad altruista que no contaba con el preceptivo permiso de la Delegación del Gobierno. «No. No tiene ningún sentido multar a quien reparte solidaridad. Parece que la sanción tuvo lugar durante los primeros días del confinamiento, cuando las indicaciones de las autoridades sanitarias estaban definiéndose. Se revisarán los hechos y se actuará conforme a la ley y a la lógica humanitaria» acaba de decir en un tuit en el que comenta la noticia publicada por Levante-EMV.
Por su parte, el concejal de policía local Aarón Cano, en declaraciones a este diario, recordó que el 17 de marzo, día en que se produjo el reparto de 85 raciones de comida a los vecinos más vulnerables del Cabanyal «todos estábamos en estado de alarma y por muy filantrópica que fuera la actividad, esta era una actividad ilegal que no tenía el preceptivo permiso legal». ¿Quién tenía que dar el permiso? La Delegación del Gobierno que era la competente y todavía no se ha manifestado al respecto pero que será la que ejecute las sanciones: 600 euros para cada una de las dos voluntarias y 2.000 para Javier Márquez, el cocinero y dueño de La Luisina Tasca, en la que se elaboraron las raciones.
