«La empresa está por encima de los políticos que la dirigen» dijo ayer Celia Zafra, la empleada de la EMT despedida de forma fulminante hace un año tras el fraude de 4 millones en la compañía y única imputada en la causa penal abierta en un tribunal de València para tratar de esclarecer el robo. La exjefa de administración y la EMT estaban citados ayer en el juzgado de lo social 1 de València para determinar si el despido de Zafra es improcedente como sostiene la exempleada y si le corresponde algún tipo de indemnización económica por ello. Sin embargo, de momento este juicio laboral ha quedado aplazado al 10 de diciembre porque en el acto de conciliación previo a la vista, ambas partes decidieron darse un tiempo para negociar un posible acuerdo extrajudicial. Su abogado, José Martínez Esparza habría exigido la readmisión en su puesto de trabajo con idénticas condiciones salariales y categoría profesional para su defendida. También habría pedido una indemnización por daños y perjuicios debido al quebranto económico y moral que ha sufrido desde septiembre de 2019, ya hace un año, cuando la despidieron el concejal y presidente de la EMT Giuseppe Grezzi y el gerente Josep Enric García. Ahora bien, pese a las críticas que en varias ocasiones ha realizado Grezzi sobre Zafra, culpándola de una mala praxis profesional y de ser la gran responsable indirecta del robo, junto a CaixaBank, -por haber fallado en sus protocolos internos para custodiar los fondos de la empresa-, la extrabajadora dejó ver que está dispuesta a volver a trabajar a la que considera su casa y en la que desarrolló una carrera profesional de varias décadas. «Para mí la EMT siempre ha sido el lugar donde he trabajado. He intentado hacerlo siempre lo mejor posible para que la empresa diera el servicio que da», comentó Celia Zafra ante los periodistas reunidos en la Ciudad de la Justicia.

«Estoy tranquila y no me siento ofendida por nada de lo que dicen de mí. Estoy en paz», recalcó en unas declaraciones recogidas por Radio Valencia Cadena SER. No se siente ofendida por las duras críticas de su presidente ni por las de Joan Ribó quien ayer volvió a cargar con toda la fuerza contra ella. Para el alcalde, en el fraude de los 4 millones de la EMT: «Hay dos elementos responsables: uno personal, que es el caso de doña Celia Zafra, que es la persona que permitió todos estos mecanismos pero que evidentemente, si ella no hubiera hecho lo que hizo, no habría habido este fraude; y el otro es el de la empresa financiera, famosa hace unos días, -en alusión a CaixaBank- que si hubiera tenido el cuidado que tuvo Bankia, el cuidado que tuvieron los trabajadores de Bankia, esto tampoco habría pasado». Quien sí respondió a Ribó fue el letrado de Zafra. «A lo mejor el acuerdo pasa porque el alcalde se vaya y nosotros lleguemos a un acuerdo con la empresa» manifestó Martínez. En referencia a las acusaciones del alcalde sobre su clienta contestó: «Eso son ganas de hablar por hablar, me parece que el señor Ribó está perdiendo los papeles», comentó. Porque dijo ahora «no toca buscar culpables, máxime porque hay unos procesos judiciales abiertos que cuando se acaben determinarán posibles responsabilidades». «Los políticos que se dediquen a lo suyo y los juristas a lo nuestro», remachó. Por su parte, fuentes de la EMT señalaron que ni en días previos al acto de conciliación de ayer ni en las propias dependencias judiciales «ha habido ninguna negociación» entre los abogados de Zafra y de la compañía. «Ahora se ha abierto un tiempo en que nos sentaremos a hablar y a explorar nuevas vías de acuerdo entre ambas partes», señalaron a Levante-EMV.

¿Van a negociar la readmisión de Zafra? «Eso es lo que quiere la trabajadora y está por ver si la empresa acepta», comentaron. Mientras, en el juzgado 18 de la capital valenciana se investiga la derivada española del robo. Hay que recordar que ya hay condenados 2 ciudadanos chinos en Hong Kong como autores materiales del fraude, lo que pasa es que están huidos y es casi imposible recuperar el dinero que está repartido en paraísos fiscales. De ahí que la estrategia judicial de los abogados de la EMT, aquí en España, pase por obligar a CaixaBank a compensar con 4 millones a la empresa por una supuesta mala custodia de sus fondos.