La Plataforma pel Transport Públic de l’Horta Sud ha criticado que se han cumplido dos años desde que la Generalitat publicó los nuevos contratos de los autobuses metropolitanos sin que hasta la fecha se hayan licitado los proyectos.

Los contratos del servicio de cada zona incluían numerosas mejoras en frecuencia, horarios y nuevos itinerarios, para una prestación que «está totalmente desfasada», ya que las adjudicaciones llevan más de una década caducadas. La Agencia del Transporte Metropolitano inició la tramitación, recogió las alegaciones de consistorios, entidades, particulares y empresas, y las resolvió. Pero el proceso administrativo se paralizó hace más de un año a raíz de presentarse en los juzgados diversos recursos por parte del sector de empresas del transporte, como ha reconocido el conseller de Movilidad, Arcadi España.

Por ello, y mientras se desbloquea la situación, la conselleria ha optado por contratar servicios parciales para mejorar el transporte, como son las diferentes lanzaderas desde València o los municipios a servicios como los polígonos, hospitales o la Universidad. También se ha puesto en marcha recientemente el reivindicado Bono 10, que permite una reducción del precio del billete. Con todo, la plataforma reclama que se liciten y adjudiquen los contratos en su globalidad (especialmente los que afectan a la zona de Alaquàs, Aldaia, Xirivella, barrio del Cristo, Quart y Mislata) para que realmente «se ejecute una transformación del transporte público metropolitano».

Y para ello, la plataforma vuelve a reclamar al conseller que negocie con las operadoras «la retirada de gran parte de los recursos, o que se modifiquen aspectos de los contratos que supusieron reclamaciones judiciales por contener errores». «Vemos que no existe una voluntad política clara de licitar estos contratos y no entendemos la razón», indica el presidente de la plataforma, José Luis Sanz.

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, presentó ayer una batería de preguntas sobre la conexión entre la V-30 y la A-3 que impulsa el ministerio de José Luis Ábalos (PSOE). «El Ministerio de Transportes no puede ignorar las objeciones que tanto los ayuntamientos como la Generalitat han planteado al proyecto, como decía el mismo Ábalos en 2017, cuando, desde la oposición, presentó unas preguntas parlamentarias», explica. En su momento, València, Mislata, Alaquàs, Aldaia y Xirivella, entre otros, presentaron alegaciones al proyecto y, en los últimos meses, han aprobado mociones en las que piden al Ministerio que lo replantee.