La ciudad de València se prepara para incorporarse el año próximo a la lista de ciudades de bajas emisiones, como ya lo son Londres o Barcelona. La Comisión de Desarrollo Urbano aprobó ayer a instancias de la Concejalía de Movilidad Sostenible la adhesión, con el único voto en contra de Vox, a "La Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones". Una adhesión que viene de un imperativo legal: la Ley de Transición Ecológica, que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener en 2023 delimitadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
El ayuntamiento de València ya está avanzando desde hace meses en la implantación de esta zona de bajas emisiones, que "irá mucho más allá" del área de prioridad residencial (APR) de Ciutat Vella y a la cual no podrán acceder los vehículos más contaminantes según el sistema de etiquetado ambiental de la Dirección General de Tráfico. Para el control de los accesos, la Concejalía de Movilidad Sostenible, echará mano de la instalación de cámaras de videovigilancia, similares a las que desde principios de año funcionan en Ciutat Vella, que permiten sancionar a los conductores que entren en el centro sin estar registrados y autorizados como residentes o trabajadores por el ayuntamiento.
La zona de bajas emisiones afectará a una zona amplia como ocurre en Barcelona donde va desde la Ronda de Dalt (vía de circunvalación) hasta el frente marítimo. La forma de controlar que los vehículos más contaminantes no entren será la colocación de cámaras, que es el sistema más utilizado, aunque otras ciudades como Londres, han optado por el cobro peajes.
El Ayuntamiento de València anunció en septiembre del año pasado que optaría a 36 millones de euros de los fondos para la reconstrucción Next Generation para avanzar en la descarbonización de la ciudad. Dentro de este programa se incluye la implantación de la zona de bajas emisiones y la colocación de un sistema de cámaras integral para lo cual se han solicitado a diez millones de euros. La implantación de la zona de bajas emisiones llevará asociado la instalación de medidores de las emisiones acústicas y contaminantes.
También se incluyen dentro de esos 36 millones dos proyectos para la digitalización del transporte público y para la incorporación de 20 autobuses eléctricos (proyecto asociado a la renovación y electrificación de las instalaciones de la EMT en San Isidro) y la construcción de cuatro nuevos carriles-bici.
Zona de bajas emisiones
La implantación de la zona de bajas emisiones busca "mejorar la calidad del aire en la ciudad" y opta al 90 % de financiación de los fondos europeos y se enmarca en las políticas municipales para "construir una ciudad más amable y sostenible". Con estas medidas el ayuntamiento quiere potenciar el transporte público colectivo y la movilidad activa en los entornos urbanos y metropolitanos como alternativa al coche privado.
El etiquetado de los vehículos según sus emisiones contaminantes por parte de la Dirección General de Tráfico funciona en España desde el año 2016. La etiqueta ambiental clasifica por letras y colores a los vehículos según la normativa existente en el momento de su fabricación. Las etiquetas "cero" y "eco" identifican a los vehículos eléctricos e híbridos enchufables. La pegatina C señala a los coches gasolina matriculados a partir de 2006 y a los diesel matriculados a partir de 2014. La etiqueta B es para los vehículos más antiguos: los gasolina a partir de 2000 y los diesel matriculados a partir de 2006. Los coches anteriores no tendrán pegatina y en ciudades como Barcelona ya no pueden entrar en la zona de bajas emisiones, donde en 2024 tampoco podrán acceder los coches de tipo B.
La etiqueta ambiental también afecta a las motos.
