Educación pública, gratuita y de calidad es una demanda histórica del sector educativo y de la ciudadanía que cobra fuerza con los recortes impuestos en la crisis de 2008 y que asumen (parcialmente) los gobiernos progresistas de la ciudad de València y la Comunitat Valenciana desde 2015 y el gobierno de España desde 2019.

 El entrecomillado obedece a que se han dado avances a nivel legislativo y normativo como la Ley Orgánica 3/2020, conocida como Ley Celaa, y la Orden 21/2019 de la Consellería       de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización y funcionamiento de las escuelas infantiles de primer ciclo (escoletas) de titularidad pública en la Comunitat Valenciana. La primera incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema; y la segunda señala que las administraciones públicas incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años. Pero la implementación de estos avances a nivel local y a fecha de hoy, es muy deficiente y las perspectivas preocupantes. Veamos:

 El muy es porque en València, según escrito recibido de la Concejalía de Educación (del 7 de abril de 2021), no se ha abierto ninguna nueva escoleta, aunque hay una en fase de finalización -la Diputada Clara Campoamor en Orriols- y dos en proceso de construcción en Cabanyal-Canyamelar y Malilla. El muy es muy-muy si se tiene en cuenta que la señora Sandra Gómez prometió, como candidata del PSOE en 2019, construir 19 escoletas, una de ellas en Albors, algo que, se supone, estaba sustentado en una sólida información sobre la creciente demanda en toda la ciudad. Las/os vecinas/os de Albors y barrios aledaños saludamos la promesa porque desde que el PP eliminara, en 1992, la Escoleta del Patronat Municipal de Ayora hemos visto aumentar las familias en el sector, para las cuales las 92 plazas del Centro Infantil de Algirós siempre han sido insuficientes, máxime si se trata de barrios del distrito de Camins al Grau que no entraban en su Área de Influencia, obligando a padres y madres a llevar a sus hijas/os a centros privados de muy diferentes condiciones espaciales (ratio de niño/a por m2 en áreas cubiertas o libres), de equipamiento, servicios, atención; en una palabra, de calidad, aunque contaran con la respectiva licencia.

 Las ideas e iniciativas surgidas en el vecindario desde entonces se resumieron en la propuesta presentada al alcalde el 25 de enero de 2021 y en la pregunta formulada en las sesiones del Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Marítim, del 3 de octubre y 30 de noviembre. La respuesta, firmada por la Concejala-Delegada de Educación, María Teresa Ibáñez Giménez (del 28 de febrero de 2022), alude un estudio para garantizar un acceso más equilibrado a las dotaciones escolares de titularidad pública; documento que debe darse a conocer al sector educativo y a la ciudadanía, y que entre sus conclusiones estrella está la de ampliar las áreas de influencia de los actuales centros, razón por la cual el Área de Influencia del de Algirós se extiende a los barrios de Camins al Grau.

 Son varias las preguntas que surgen ante una medida tan engañosa como ineficaz que supuestamente prioriza las rentas bajas sobre la proximidad; pero todas se pueden resumir en una clave: ¿Qué ha sucedido en los últimos tres años para que la promesa de crear 19 nuevas escoletas públicas haya quedado sólo en la ampliación de las áreas de influencia de las existentes? ¿Qué dice la señora Gómez, hoy vicealcaldesa?

 Pero el último párrafo de la comunicación -de la cual se adjunta copia- es antológico por     la formulación equívoca de un texto oficial: En cuanto al acceso a las escuelas infantiles de titularidad privada, el próximo curso escolar todo el alumnado de 2 a 3 años tendrá plaza gratuita, la cual será garantizada a través del bono infantil universal, financiado por la Generalitat Valenciana. ¿Acaso no existe una normativa que establece  los parámetros mínimos de calidad de los centros, que excluye a los que no los cumplan? ¿Y los baremos que definen las rentas mínimas para acceder al bono infantil que, por lo tanto, no puede ser universal? ¿El Ayuntamiento ha descartado la creación de nuevas escoletas públicas o concertadas? ¿Se ha evaluado la opción de los 1.497 m2 de unos talleres abandonados en Albors? Preguntas que permiten formular la que titula este artículo. Y otras hacia 2023...