Las pérdidas por valor de 1,3 millones de euros que ha dejado en evidencia la última auditoria realizada a la empresa municipal de actuaciones urbanística Aumsa generó ayer un cruce de acusaciones entre la vicealcaldesa y presidenta de la citada empresa pública, Sandra Gómez, y el PP. Mientras los populares destacaban que Aumsa cerró 2021 con pérdidas millonarias, superiores en un 60% a las de 2020, la vicealcaldesa anunciaba que el ayuntamiento “estudia iniciar acciones legales" para aclarar el origen de las pérdidas atribuidas inicialmente a cambios de criterios contables de varias propiedades inmobiliarias de la sociedad , ubicadas en puntos como Guillem de Castro y el Cabanyal, que el PSPV atribuye a la época de gestión del PP. La nueva auditoria, recalcó Gómez, "ha puesto en evidencia la mala gestión del PP” que sigue suponiendo "un lastre".
Ninguno de los actuales consejeros del PP fue capaz, en el consejo de administración de Aumsa celebrado ayer, de explicar el porqué de "esta ocultación de mas de un millón de euros en pérdidas que podria ser deliberada”, apuntó Gómez, quien insistió en que se estudiarán "responsabilidades jurídicas de los antiguos consejeros porque nos preocupa y mucho esta situación”.
En el consejo se dio cuenta además de la deuda que mantienen las dos empresas concesionarias que gestionan los aparcamientos del Ayuntamiento de València en el barrio del Cabanyal, en Neptuno y Martí Grajal, y que asciende a más de 1,4 millones de euros, concesiones “también de la época del PP" e implicadas en la trama Gurtel, señaló la vicealcaldesa.
Los concejales del PP y consejeros de Aumsa Carlos Mundina y Juan Giner criticaron al gobierno progresista de no ser capaz "en más de siete años" de entregar llaves de viviendas de protección oficial pese a la gran demanda de vecinos de la ciudad, al tiempo que recordaron que este es uno de los principales cometidos de Aumsa
Al margen de las cuentas, en el consejo de administración también se aprobó la licitación de las obras de urbanización del Sector Sur del PAI Malilla Sud. La ejecución de la totalidad de las obras proyectadas, que el ayuntamiento ejecuta por gestión directa, tiene un plazo estimado de diez meses, a partir de la firma del acta de replanteo. En cuanto al presupuesto global de licitación, se estima que ascenderá a 3,9 millones de euros. Este sector incluye cuatro solares edificables, dos de ellos pertenecen a Aumsa, uno al Ayuntamiento y otro a Adif. En este sector, ubicado junto a la nueva Fe, una de las zonas de mayor transformación urbana, está prevista la construcción de 290 nuevas viviendas de protección pública y contempla reservas para uso terciario.
El PP recriminó a la concejala de Desarrollo Urbano y presidenta de Aumsa que no haya construido las 327 viviendas de protección oficial prometidas y que no estarán antes de las próximas elecciones de 2023. El PSPV respondió, en la misma línea, que esta semana se inician las obras de cuatro viviendas que se destinarán al alquiler asequible en el número 22 de la calle Tapinería, en el Carmen. La promocion forma parte del Plan de viviendas de Aumsa.
Otro de los puntos que dio pie a reproches mutuos en el consejo de Aumsa fue la contratación de 12 personas prevista en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El PSPV justificó la contratación de dos arquitectos, dos aparejadores, dos profesionales para el servicio jurídico y seis administrativos, con el objetivo de impulsar la construcción de vivienda y gestión de fondos europeos. “A pesar de la situación de pérdidas y la incapacidad para construir viviendas protegidas para este año tienen previsto Ribó y PSOE seguir engrosando la plantilla de la empresa con 11 nuevos trabajadores", destacaron Mundina y Giner, que criticaron "la política de derroche y gasto" del gobierno de coalición del Rialto.
