El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles, seis meses después del asesinato de Jordi, el niño de 11 años acuchillado hasta la muerte por su padre el pasado mes de abril en Sueca tras una cadena de fallos y descoordinación entre juzgados, impulsar medidas para evitar que se vuelva a repetir una situación como aquella.
Ha sido la Comisión Permanente del CGPJ quien ha dado luz verde a esas medidas a partir de un informe elaborado por sus servicios de inspección a raíz del caso de Sueca, en el que Jordi fue asesinado un día después de cumplir los once años por su padre, condenado por malos tratos por una jueza de Violencia sobre la Mujer y a quien otra jueza, la de Familia, concedió la custodia compartida del niño un mes después de la condena por violencia machista.
Esas dos actuaciones contradictorias se vieron favorecidas por la falta de conexión informática, de comunicación y de alertas entre ambas jurisdicciones, lo que hizo que una de las magistradas no supiese lo que estaba haciendo la otra y acabase propiciando que el niño estuviera aquel 3 de abril con su padre, tal como publicó Levante-EMV en una amplia información analizando los fallos y publicada solo dos días después del asesinato vicario.
El objetivo de las medidas acordadas ayer es establecer «un cauce de comunicación estable» que permita a los juzgados con competencias en materia de Familia conocer y acceder a las resoluciones dictadas por los de Violencia sobre la Mujer cuando el presunto agresor y la víctima se encuentren en trámites de separación, algo muy habitual.
La reunión que levantó ampollas
En este contexto pide a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia que promuevan en sus respectivos territorios que todos los juzgados de lo civil con competencia en materia de Familia pidan a Justicia el acceso o, en su caso, la activación del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (Siraj), algo que ya sugirió nada más producirse el hecho la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en una reunión urgente con todos los operadores en materia de violencia machista que acabó levantando ampollas. Bravo se ofreció a interceder ante el ministerio para pedir ya en aquel momento y de manera urgente que se diese usuario y clave de acceso a esa base de datos penal a todos los juzgados civiles implicados en los casos de violencia machista.
Dar acceso a la base de datos de VioGén a todos los jueces que lo pidan a Interior es otra de las medidas acordadas
En ese momento, solo tenían acceso los de Familia puros (los de València), pero no los mixtos (los de pueblos, salvo excepciones).
Habilitado ese acceso, pueden consultar antes de resolver sobre un proceso de disolución matrimonial, dictar sentencia o de establecer un convenio regulador, si existen procedimientos penales de violencia machista, sentencias condenatorias o medidas cautelares.
Una solución sencilla: alertas
El Poder Judicial pide además a Justicia que estudie la posibilidad de que el Siraj tenga un sistema de alertas inmediata, tal como adelantó este diario, que avise a los juzgados de Familia de forma inmediata de la existencia de resoluciones penales que afecten a los casos que lleven entre manos, sin tener que realizar consultas sucesivas y reiterada, que también sugiere.
Así, aboga por una reforma legislativa para que los juzgados una vez recibida la demanda de disolución matrimonial o sobre la situación de los menores consulten el Siraj antes de resolver, una reforma que, a su juicio, debería establecer que la Fiscalía también consulte con este sistema ante de emitir su informe.
El informe apuesta por elaborar un protocolo de actuación y coordinación entre los juzgados de Familia y los de Violencia sobre la Mujer que establezca cómo acceder a la información del Siraj y cómo debe utilizarse en los procedimientos de separación y divorcio.
La Fiscalía debe coordinar los juzgados
Insta a que el Ministerio de Justicia, comunidades autónomas y el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (Cteaje) establezcan mecanismos para la plena interconexión digital entre los órganos judiciales para lo que considera «imprescindible» culminar los trabajos que permitan integrar los sistemas autonómicos de gestión procesal con el propio Siraj.
Y quiere que la Fiscalía refuerce su labor de coordinación entre los juzgados para conocer cuanto antes las resoluciones que afecten a los procedimientos en curso.
A estas recomendaciones, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género añade otra sobre la posibilidad que los órganos judiciales soliciten, a través del Punto Neutro Judicial del CGPJ, el acceso a la base de datos de VioGén del Ministerio de Interior, donde queda registrada toda la información relevante sobre la víctima.
