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El Tribunal Superior de Justicia ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de Llaurí por el que en el año 2006 aprobó un programa urbanístico que proyectaba la construcción de 1.400 viviendas en el sector conocido como la Fonteta del Torrut, tras constatar que la corporación que presidía Juan José Cucarella incumplió la legislación en el procedimiento seguido para la selección de la alternativa técnica y del agente urbanizador. Esta sentencia responde al contencioso interpuesto por la actual corporación a través de un procedimiento de lesividad que permite a una administración actuar contra sus propios acuerdos si demuestra que se ha producido una actuación ilícita que repercute desfavorablemente en los intereses públicos.

La sala de lo contencioso del TSJ sólo ha tenido que profundizar en el primero de los cuatro argumentos que armaban el recurso para concluir que el ayuntamiento vulneró el principio de igualdad que debe regir una contratación pública tras constatar que únicamente notificó a una de las empresas que habían presentado una alternativa técnica la "necesidad de adaptar" su propuesta al modelo previsto en el Concierto Previo que en ese momento se estaba tramitando en la conselleria, que modificaba sustancialmente el PAI al reducir la superficie inicial de 953.705,10 metros cuadrados a un máximo de 650.000. "Tal comunicación, dirigida exclusivamente a uno de los participantes y realizada con anterioridad a emitirse el informe técnico (É) supone una quiebra de los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia que debe regir el procedimiento de adjudicación, puesto que pone de manifiesto que existían elementos favorables a la adjudicación del programa a este participante", detalla la sentencia del TSJ.

Éste es el segundo programa urbanístico aprobado por la coalición de gobierno que lideraba Juan José Cucarella que la justicia anula a instancias de la actual corporación al considerar que era lesivo para los intereses municipales. Cabe recordar que, en mayo, otra resolución judicial dejaba sin efecto el PAI que proyectaba un área industrial de 200.000 metros cuadrados en el sector Hort de Llinares, un programa aprobado a los tres meses de que Cucarella lograra la alcaldía mediante una moción de censura.